Bogotá

El Ministerio de Justicia hizo un llamado de urgencia a la Comisión Primera del Senado de la República para que agilice el trámite en primer debate de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, para evitar su hundimiento.

“Si no se aprueba la Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, no será posible su entrada en funcionamiento pese a que la aprobación de su Ley Estatutaria, que está a punto de culminar su etapa de conciliación, representa un avance significativo”, explicó la cartera de Justicia.

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Destacaron que, aunque la Ley Estatutaria crea juzgados y tribunales especializados en asuntos agrarios y rurales, así como Centros de Servicios Judiciales y la figura de facilitadores agrarios y rurales para orientar a los usuarios sobre los trámites judiciales, por sí sola esta ley no habilita la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción, y que por ello se requiere de la Ley Ordinaria.

¿En qué consiste la Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria y Rural?

Este proyecto de ley que podría enfrentar un eventual hundimiento por falta de tramite, sistematiza los principios del derecho agrario y define procedimientos especiales para resolver conflictos de tenencia de tierras y de relaciones de producción agraria, y establece claramente las competencias de jueces y tribunales agrarios, así como de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Además, incluye modificaciones sugeridas por la Corte Suprema, como la ampliación de las causales de casación y la incorporación de normas del derecho civil como criterio subsidiario para la toma de decisiones, reformas cruciales para asegurar una justicia rápida y accesible en el ámbito rural.

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El Gobierno ha destacado la importancia de que la Jurisdicción Agraria abarque tanto los conflictos de tenencia de tierras como aquellos derivados de las relaciones de producción agraria. En este contexto, los jueces agrarios deben tener la capacidad de corregir errores en la demanda, tomar decisiones anticipadas, moverse por el territorio para recolectar pruebas y promover la oralidad en los procedimientos, asegurando así decisiones justas y eficientes.