Ley estatutaria: efectos en la autonomía universitaria y calidad en educación
Panelistas consideran que algunos artículos amenazan el principio de autonomía universitaria. Creen que mejorar la calidad en educación no es un objetivo que busca cumplir este proyecto
Ley estatutaria: efectos en la autonomía universitaria y calidad en educación
En Hora20 hablamos de educación a propósito de la discusión en el senado de la república de la Ley Estatutaria en Educación, de las discusiones alrededor de la autonomía universitaria y del rol de la calidad en la educación superior. El debate sobre qué impacto tendrá que la educación sea considerada un derecho fundamental en todos sus niveles, las consecuencias que tendría sobre la autonomía de las universidades y el sistema mixto que funciona hoy. Después una mirada a la calidad y las fórmulas para mejorar estos niveles en la educación superior.
Lo que dicen los panelistas
Para Claudia Restrepo, rectora de la Universidad EAFIT, la ley estatutaria tiene la intención positiva de construir un cuerpo de norma en el que se reconoce la educación como un derecho, “pero en las buenas intenciones hay cosas que se deben refinar”, pues señaló que si bien es bueno considerar el concepto de servicio público que solo se planteaba inicialmente como derecho, hay una ausencia de trayectoria vital en el camino de educación postmedia, “hay un vacío que impide un sistema educativo por trayectoria”. En ese sentido, manifestó que hay elementos que abordan temas como el gobierno y la gestión en educación que pueden terminar siendo inconstitucionales.
“La principal preocupación apunta a lo que es la universidad, que es el espacio de ideas y deliberación y entonces se requiere libertad. En la Constitución está la autonomía como un principio esencial”, además, dijo que los gobiernos de las universidades públicas y privadas son gobiernos colectivos, tienen representación estamental diversa, escucha las voces y toman decisiones del presente y futuro, “cuando en una discusión que no se esperaba en la ley estatutaria, se plantea la posibilidad de que los gobiernos tengan representación directa de los estamentos y se interviene la forma como nos organizamos las universidades en los gobiernos para garantizar libertad, sí hay riesgo”.
Natalia Ariza, economista, exviceministra de Educación Superior y directora del Proyecto Instituto Tecnológico, explicó que esencialmente el proyecto de Ley Estatutaria desarrolla el derecho que tenemos todos los colombianos a educarnos, “es el desarrollo de ese derecho que ya está en la Constitución”. También dijo que se esperaría que fuera un proyecto simple que genere lineamientos de cómo se debe llevar a cabo herramientas que permita que la población ejerza ese derecho, “el proyecto tiene definiciones, principios y debería llegar hasta ahí realmente. Generar un nuevo sistema y tres condiciones: que se garantice el derecho a la educación bajo un esquema de trayectoria”.
Manifestó que hay dificultades en los articulo 2, 4, 12 donde la connotación de sistema mixto se ve alterada por el tema de la autonomía, “y un tema que se ha visto fuerte dentro de la discusión es que los estudiantes quieren que el rector sea elegido por votación directa de los estamentos de la universidad”.
Luis Fernando Múnera, S.J., licenciado, Doctor en Filosofía y rector de la Pontificia Universidad Javeriana, destacó que todos los colombianos están de acuerdo en que la educación es un derecho, “así se ha aceptado y esta ley es una oportunidad”. No obstante, dijo que el proyecto no hade énfasis en educación inicial o media, “la ley estatutaria está llena de buenas intenciones, pero en medio de esa declaración, con la que estamos de acuerdo, hay preocupaciones”. Por ejemplo, dijo que faltan temas como calidad, falta de flexibilidad en el sistema y no integración de un sistema como tal, además, queda por fuera la formación para el trabajo, “hay una preocupación con el artículo 2 cuando se define la educación como bien común, eso tiene limitaciones. La Constitución dice que el bien común es el límite de la actividad privada”. Con lo cual comentó que cuando se define como bien común, eso quiere decir que no se puede excluir un estudiante por bajo rendimiento o porque no puede pagar la matrícula, “se limita entonces la actividad privada y la libertad de las universidades”.
Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional y representante en el Consejo Superior Universitario, recordó que la Misión Internacional de Sabios definió la educación en la primera infancia como un derrotero, “es impresionante ver el rezago en ese punto y no es claro qué pasa con la primera infancia en la ley estatutaria”. También dijo que el sistema mixto se debe mantener basado en la autonomía universitaria, “siento en esta ley hay una cantidad de buenas intenciones, pero es difícil de realizar. Hay que comenzar, por ejemplo, con la asignación de recursos”.
Explicó que la autonomía universitaria es una ley que está en la Constitución que permite a las universidades regularse, definir reglamentación y gobernanza sin intervención del Estado, “no hay algo que impacte más en la vida de un joven que la universidad. La universidad enseña a pensar y forma ciudadanos críticos que aporten a una sociedad y al mundo”, frente a lo cual, dijo que cuando se rompe la autonomía universitaria y un gobierno utiliza un sistema de vigilancia y control y lo convierte en un sistema político y está en desacuerdo en el nombramiento de un rector, se busca ideologizar la universidad.