Mintransporte y Carolina Barbanti serán investigados por irregularidades en muelle 13

En la mañana de este miércoles, 24 de abril, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación al Ministerio de Transporte por unas presuntas irregularidades que se habrían presentado durante la revocatoria de concesiones del Muelle 13 en Buenaventura.

De acuerdo con el ente de control, los investigados habrían incurrido en falsa motivación, desconociendo el concepto favorable que había emitido días antes la autoridad ambiental de la zona al Grupo Portuario S.A.

En el comunicado publicado por la entidad, se señala que se investigará al ministro de Transporte, William Camargo, y a otros cinco funcionarios más que habrían sido parte de la revocatoria de la concesión, entre los que se encuentra:

• La viceministra de política y normalización ambiental (e) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Sandra Yolima Esguerra Castañeda
• El subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación: Juan Miguel Gallego Acevedo
• La vicepresidenta de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura: Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
• El vicepresidente de Gestión Contractual y vicepresidente jurídico Ad Hoc de la ANI: Gustavo Adolfo Salazar Herrán.

¿Por qué se investiga la revocatoria de la concesión Muelle 13?

En 2022, el Grupo Portuario S.A. le solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ampliar una concesión que le ha permitido desde el 2005 operar en un muelle de servicio público en Buenaventura, el Muellle 13. La solicitud de la empresa era extender esta concesión por otros 20 años y permitir también algunos ajustes, como adicionar unas zonas de uso público.

En un principio, la solicitud fue aprobada por la ANI, a través de una resolución firmada el 27 de diciembre del 2023. El problema surgió unos días después, el 5 de enero del 2024, cuando la misma entidad, por orden del ministro de Transporte, William Camargo, profirió una nueva resolución en la que negaba la solicitud del Grupo Portuarios S.A, declarando la anterior resolución en pérdida de fuerza ejecutoria.

Según explicó el ministro, la decisión se habría tomado por una “posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”. Por esta razón, no era posible prorrogarles el contrato de operación del muelle 13.

Sin embargo, como Caracol Radio reveló el 9 de abril, la Procuraduría señaló que al parecer no habría soportes técnicos que soportar dichas afectaciones, señalando que era “preocupante la ausencia de un soporte técnico en materia ambiental”, se señala en el documento publicado por este medio. A partir de ello, se expidió un acto administrativo para solicitar las pruebas que justificarán la decisión.

Justamente, por la falta de pruebas y soportes técnicos que argumenten la decisión de la ANI, el ente de control decidió abrir esta investigación en la que se señala que el ministro de Transporte y demás funcionarios habrían incurrido en una falsa motivación, señalando posibles afectaciones ambientales negativas en Buenaventura, sin presentar evidencias.

De acuerdo con la Procuraduría, esto desconoce el concepto que podría haber emitido la Superintendencia General de Puertos o el Establecimiento Público Ambiental (EPA), máxima autoridad ambiental en el área urbana y suburbana del distrito.

De igual forma, la entidad destaca que los funcionarios pudieron haber violado el debido proceso en el trámite adelantado. En este casi, se desconoció las etapas del proceso, la conformación del consejo directivo. Con esta medida que toma la Procuraduría, se busca revisar todo el proceso y se le pide directamente las pruebas que llevaron a las entidades a tomar esta decisión para así determinar si hubo una falta disciplinaria y determinar las responsabilidades de los hechos.

¿Posible demanda millonaria contra el Estado?

Según conoció Caracol Radio, la empresa estaría pensando en demandar la Nación por esta decisión de revocar el contrato sin aparente fundamento y esto podría significar una indemnización multimillonaria, así como la que pidió en su momento Thomas Greg and Sons, por el pleito de los pasaportes.