Gobierno anuncia medidas contra intermediación laboral Ilegal en regiones petroleras
Con estas medidas se espera que se endurezcan las sanciones contra quienes participen de estos procesos ilegales en el sector de hidrocarburos.
Edwin Palma. Foto: Ministerio del Trabajo
Durante el Encuentro de Mandatarios Regionales sobre Gobernanza, Desarrollo Sostenible y Transición Energética en el Sector Hidrocarburos, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, hizo hincapié en la firme determinación del Gobierno para abordar la problemática de la intermediación laboral ilegal en las regiones petroleras del país.
Palma anunció que se intensificarán las sanciones contra aquellas prácticas ilícitas que involucran la intermediación laboral en el sector de hidrocarburos. “El Gobierno no tolerará las mafias que se aprovechan de la necesidad de las personas por trabajar en la industria petrolera. Estamos comprometidos en fortalecer las medidas y endurecer las sanciones contra quienes participen en estas prácticas ilegales”, declaró el funcionario.
El viceministro explicó que, según informes del Ministerio del Trabajo y el observatorio de conflictividad, la intermediación laboral ilegal ha sido una de las principales causas de tensiones en las regiones petroleras. Además, señaló que se está trabajando de la mano con diversas entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio del Interior y el Ministerio de Minas, para abordar de manera integral esta problemática.
En este contexto, Palma destacó la obligación legal establecida desde el año 2022, mediante la ley 2225, que permite desarrollar y reglamentar un régimen sancionatorio específico para empleadores en el sector petrolero que no publiquen ni reporten vacantes en el servicio público de empleo. “Esta medida busca desmantelar las redes de intermediación laboral ilegal que operan en las sombras de la industria petrolera, asegurando un entorno laboral más justo y transparente”, afirmó el viceministro.
El Gobierno, en colaboración con actores clave del sector y las autoridades locales, se compromete a garantizar la legalidad y la institucionalidad en las regiones petroleras, promoviendo así un desarrollo sostenible y una transición energética responsable en la industria de hidrocarburos.
