Obligan a Argos devolver predios a campesinos de San Onofre, Sucre
Las propiedades fueron adquiridas por la empresa Forestal Tekia, grupo Argos, cuando la zona estaba sometida por paramilitares, la empresa no logró acreditar la buena fe exenta de culpa.
Obligan a Argos devolver predios a campesinos de San Onofre, Sucre
Sincelejo
Cumpliendo una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, del 30 de agosto de 2023, este miércoles 28 de febrero se cumplió la entrega material de predios que habían sido adquiridos irregularmente por parte de la empresa Forestal Tekia – Grupo Argos.
Se trata de la devolución de aproximadamente 490 hectáreas de tierras a 14 familias en el corregimiento de Palmira, San Onofre, Sucre.
El citado fallo judicial evidenció irregularidades en la adquisición de las tierras por parte de la empresa Forestal Tekia – Grupo Argos, donde destacó la importancia de la diligencia debida y la protección de los derechos de las comunidades rurales.
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Los predios devueltos este miércoles 28 de febrero suman 157 hectáreas más 71 metros cuadrados las que fueron entregadas a tres beneficiarios en el corregimiento Palmira, en el municipio de San Onofre (Sucre). A la entrega acudió el director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule.
Las tres propiedades hacían parte de un predio de 497 hectáreas englobadas, en 2005, por la Reforestadora del Caribe (hoy Tekia S.A.S.), empresa filial del Grupo Argos y sobre las cuales la URT recibió un total de 21 solicitudes de restitución, tras ser abandonadas y despojadas por la presión de grupos armados al margen de la ley interesados en controlar el territorio.
En la sentencia, el Tribunal Superior de Cartagena constató que los reclamantes de tierras, hoy beneficiarios del fallo, abandonaron los predios entre los años 2003 y 2005.
La decisión obedeció al padecimiento del flagelo de secuestro extorsivo, incidentes con minas antipersonales, municiones y artefactos explosivos irregulares, hurto de animales, homicidios y los continuos combates entre grupos paramilitares y las extintas Farc-EP.
El inicio del estudio formal del caso se ordenó el 8 de agosto de 2013, cuando la URT decidió instruir el proceso.
Tras un año de trabajos de investigación y recopilación de pruebas, inscribió las 21 reclamaciones en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, con lo que presentó demanda, la cual fue admitida el 1 de agosto de 2014.
Las pruebas presentadas por la Unidad llevaron a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena a proferir sentencia el 30 de agosto de 2023, en la que ordena restablecer los derechos de los reclamantes y no reconocer medidas de compensación a la empresa opositora, debido a que esta no logró acreditar la buena fe exenta de culpa a la hora de adquirir las propiedades.
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Una vez se profirió el fallo, la URT realizó una visita a los predios con el fin de actualizar el informe técnico de caracterización, en donde concluyó que, de los 21 predios reclamados, solo dos cuentan con cultivos de teca, y que los suelos de los 19 predios restantes se encuentran con rebrotes producto de las cepas o tocones de teca que quedaron del aprovechamiento forestal realizado por “Tekia S.A.S”, entre los años 2019 y 2022.
“Esta sentencia significa un nuevo comienzo para mí y toda mi familia, fuimos 7 hermanos que esperamos muchos años por este momento, pero nunca dejamos de creer” José Ignacio Martínez, beneficiario de restitución en San Onofre, Sucre.
Un acuerdo para la vida
Este informe de caracterización, presentado al Tribunal Superior de Cartagena, motiva a la empresa Tekia S.A.S. a firmar con la Unidad de Restitución de Tierras un acuerdo de rehabilitación ambiental de los suelos, en el cual se compromete a dar manejo a los rebrotes de teca (corte, liquidación química y disposición), de tal manera que se pueda recuperar la tierra, y a emprender proyectos productivos que beneficien a las víctimas reconocidas en la sentencia.
El proceso de recuperación de las tierras afectadas por el monocultivo de teca tiene un costo estimado por hectárea de $1.265.000. Se estima que este proceso se adelantará sobre 497 hectáreas y durará un tiempo aproximado de un año.
Para, esta decisión refleja que la construcción de la paz es posible y agrega: “El trabajo liderado por la Unidad de Restitución de Tierras, el respaldo de la justicia y la conversa con los empresarios hace posible que a estos territorios regrese el agua, regresen los animales y regresen los campesinos a cultivar sus tierras y a vivir dignamente. Este es el proyecto del cambio, restituir tierras para armonizar la vida y la naturaleza”. Expresó Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
La sentencia reconoció como víctimas de despojo y abandono forzado a 21 reclamantes, de los cuales, en este primer paso, se restituyó la tierra a tres beneficiarios.
De los restantes, 16 serán compensados con tierras en otras regiones del país y dos pidieron la modulación de sus fallos.
Finalmente, los predios que van a ser recuperados servirán para compensar a otros beneficiarios de restitución, quienes encontrarán un territorio saneado y listo para establecer cultivos que respalden sus proyectos de vida.
Estadísticas :
1. A la fecha se han proferido 21 sentencias de restitución de tierras en donde no se ha reconocido la buena fe exenta de culpa a las empresas adscritas al Grupo Empresarial Argos en la región de los Montes de María, lo que significa que se ha dado la razón a las víctimas del conflicto armado respecto del contexto generalizado de violencia en el que se dieron las ventas forzadas y el despojo.
2. Los fallos han recuperado un total de 1.466 hectáreas más 5.182 metros cuadrados para restablecer los derechos de 53 reclamantes, que fueron reconocidos como víctimas de abandono forzado y/o despojo.
3. Este acuerdo voluntario de rehabilitación ambiental de suelos es pionero en ir más allá de la entrega material que ordenó la sentencia y es un ejemplo de construcción de paz territorial, donde confluyen el Grupo Empresarial Argos, el Estado -en cabeza de la Unidad de Restitución de Tierras- y los beneficiarios del fallo, para propender por la materialización del derecho a la reparación integral.
