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Fiscal solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra ‘Pacho Malo’

Según el ente investigador “esta persona no ha tenido ningún interés de dejar de ejecutar operaciones presuntamente ilegales”

Cali

Durante una audiencia que se extendió por más de 7 horas, la Fiscalía presentó las pruebas contra Francisco Javier Martínez, ex investigador del CTI y conocido como alias “Pacho Malo”.

Las interceptaciones telefónicas desempeñaron un papel crucial al determinar su relación con delincuentes y los delitos que se le imputan, como concierto para delinquir y acceso abusivo a sistemas informáticos.

“La Fiscalía cuenta con un número importante de comunicación en telefónicas, legalmente interceptadas, que en criterio nuestro constituyen motivo fundados y graves para inferir esa continuación de la actividad delictiva, precisamente se ha hecho referencia, no sólo en la acreditación de la inferencia razonable de autoría, sino también en el punto de posible obstrucción a la justicia”, sostuvo la fiscal encargada del caso.

En la audiencia, la fiscal encargada también presentó pruebas de presunta vinculación con contrabandistas. Esto se basa en las continuas salidas del país, principalmente a Panamá, donde se adquiría mercancía relacionada con el presunto contrabando. Además, se mencionaron llamadas interceptadas con alias “Mandacal o Cucho”, un reconocido contrabandista en Buenaventura, y María Alicia Prado Álvarez, quien fue judicializada por el delito de concierto para delinquir con fines de contrabando o favorecimiento al contrabando. Prado Álvarez figuraba como líder de la red desde 2017 hasta 2021.

La Fiscalía no descarta una posible relación entre Francisco Javier Martínez y una red de narcotráfico que ha estado operando desde el 2021 en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Antioquia. Uno de los presuntos miembros de su círculo cercano sería José Oliverio Rivas Caicedo, alias “Wito”, quien está vinculado con actividades de narcotráfico.

A esto se le suma, una presunta colaboración con información para personas que estarían en la lista de extraditables de las autoridades.

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La fiscal encargada especificó a la Juez, que el detenido no mostró intenciones de abandonar la actividad delictiva “debo destacar su señoría, que esta persona no ha tenido ningún interés ni por lo menos de dejar de ejecutar operaciones presuntamente ilegales vinculadas con esa red delincuencial, que lo que se vislumbra en realidad es que esta persona lo que quería era mantenerse en la Fiscalía General de la Nación para continuar aprovechando el cargo que desempeñaba y la el rol de autoridad que ellos le significaba”.

El ente investigador también resaltó que desde el 2022, el señor Martínez Ardila ostenta un grado más en el cargo de servidor de Policía Judicial. Ha sido precisamente este cargo el que, de alguna manera, le ha permitido ocultar o minimizar la notoriedad de sus vínculos con las redes delincuenciales.

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Finalmente, la Fiscalía solicitó medida privativa de la Libertad en centro carcelario para el señor Martínez, argumentando que, si se trata de una presunta red delincuencial que opera activamente y de un servidor público activo también vinculado a la Fiscalía General de la Nación, es evidente que permitir que esta persona retorne a su entorno, aunque se restrinjan algunos derechos de forma preventiva (como mediante la imposición de vigilancia electrónica, la presentación periódica, prohibiciones de salir del país o de su lugar de habitación, o de concurrir a determinados lugares o comunicarse), realmente no contribuiría al propósito de judicializar, desarticular y evitar que esta persona continúe desarrollando actos delictivos o afecte a los posibles testigos y a la misma prueba.

La audiencia continuará el próximo lunes 26 de febrero para que la Juez escuche al representante de la Procuraduría y el representante de la defensa a partir de la una de la tarde.