La Defensoría del Pueblo lanza alerta para siete municipios del sur de Bolívar
Pide a las autoridades implementar medidas de prevención y protección para la población civil
Cortesía- Colprensa
Bogotá
Ante las acciones y combates entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo que hacen prever el aumento de homicidios, extorsiones, amenazas, restricciones a la movilidad, imposición de ‘normas de conducta’ y cobro de ‘multas’, aprovechamiento y control sobre la minería ilegal e instrumentalización de menores de edad para cometer delitos, la Defensoría del Pueblo lanzó la alerta para los municipios de Achí, Altos de Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y Tiquisio en el sur Bolívar. Así lo explica el Defensor, Carlos Camargo.
“Las comunidades de estos municipios del sur del departamento de Bolívar están corriendo un riesgo que catalogamos como alto debido a hechos violentos de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de la guerrilla del ELN”.
Según esta entidad mientras que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, por el control de la minería ilegal en el sur de Bolívar, extorsiona a los mineros y se disputa territorios con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, este último grupo a través del bloque ‘Aristides Meza Páez’ ha causado homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones.
EL FENÓMENO DE LA EXTORSIÓN
La Defensoría del Pueblo ha podido corroborar que estas extorsiones van dirigidas contra servidores públicos, pescadores, docentes, mototaxistas, transportadores, tenderos, comerciantes y ganaderos. Lo hacen de manera presencial, con hombres en motos, o a través de llamadas telefónicas y audios intimidantes.
Las exigencias varían según los municipios, los contratos y otros factores, como por ejemplo el nivel de ingresos o posesiones: van desde el 10% del salario o del contrato (en el caso de los contratistas); algunos ganaderos deben pagar $50.000 por cabeza de ganado o hay cobros de impuesto sobre las bebidas alcohólicas, como 2.500 pesos por canasta de cerveza vendida. Incluso una empresa de suministro de gas tuvo que cortar el servicio durante un día, ante las amenazas por no pagar extorsiones.
Ante este panorama esta entidad le está solicitando a las autoridades la puesta en marcha de medidas inmediatas en prevención y protección para la población civil que está afectada por el accionar de estos dos grupos armados.