Estos serían los riesgos de renegociar contratos de vigencias futuras que anunció MinHacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, volvió a insistir en la necesidad de renegociar los contratos de las vigencias futuras en obras de infraestructura con el fin de financiar otras obras prioritarias que no fueron declaradas como importancia estratégica.

Bonilla aclaró que el propósito del Gobierno con este decreto es redireccionar los recursos a objetivos concretos. “¿De dónde vamos a sacar la plata para los puntos críticos de las obras si la plata está concentrada en vigencias futuras y en otras obras que no se están entregando?”.

El anuncio lo hizo durante el seminario de Perspectivas Económicas 2024, realizado por la ANIF y Fedesarrollo, que se llevó a cabo este jueves 22 de febrero.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Ángela María Orozco, exministra de Transporte y de Comercio del gobierno de Iván Duque, se refirió a los riesgos de la renegociación que plantea el Ministerio de Hacienda.

Para Orozco, la aprobación de esta propuesta generaría gran incertidumbre en un mecanismo que permitió construir grandes obras de infraestructura como una alianza público-privadas:

Riesgos de renegocionar vigencias futuras

“Para recordar, este mecanismo permite tener contratos a 20 años, donde con apropiación presupuestal y vigencias futuras que forman parte de los contratos, se le generara una certidumbre tal que los fondos internacionales y el sector financiero colombiano o internacional prestara los proyectos y permitiera la ejecución con recursos financieros que se van pagando a largo plazo”.

De acuerdo con la exfuncionaria, esto fue lo que permitió realizar carreteras a 3 o 4 años, ya que en el pasado, las carreteras que se hicieron por obra pública en Colombia, inclusive las primeras concesiones de primera, segunda y tercera generación, tomaban entre 10-15 años porque no se podían pagar en una vigencia fiscal:

“Las vigencias forman parte de los contratos y de alguna manera son aparte fundamental por la que hay un contrato de crédito e incumplir las vigencias, a menos de que uno renegocie con el contratista o financiador, podría dar lugar a que acelere el cobro del crédito, y las multas y sanciones, sin que necesariamente se termine la obra”.

“Antes una vía no se terminaba en menos de 10 o 15 años, hoy afortunadamente bajo el esquema de asociaciones público- privadas APP tenemos un tercero que es un financiador, que entrega los recursos y permite construir la vía en 3 o 4 años, pero sí todo el Estado con todas las autoridades locales, se sienten entre todos a sacar adelante los proyectos porque muchas veces los retrasos no son por un contratista, sino porque no hay licencia ambiental o social, que no existe legalmente, pero se ve cuando bloquean un peaje”, agregó la exministra.