ExFarc dicen que acudirán a instancias internacionales por el "descarrilamiento" de la JEP
El antiguo secretariado reiteró sus críticas al tribunal de Paz, asegurando que han con su “actuación desbordada” han perdido su verdadera esencia.
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto: Colprensa
Colombia
A través de una nueva carta, dirigida ya no al presidente Gustavo Petro sino a los firmantes del Acuerdo de Paz del 2016, los exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc, hoy dirigentes del Partido Comunes, volvieron a criticar algunas medidas que ha tomado la Justicia Especial para la Paz, asegurando que estarían extralimitándose en sus funciones.
La motivación de la primera carta, enviada al presidente, dicen en esta misiva que “está sustentada en las múltiples preocupaciones que ustedes nos han hecho llegar por el desbordamiento de la actuación de la JEP, que viene desconociendo partes fundamentales de lo acordado”.
Las molestias que plantean los exFarc tienen que ver con la negación de amnistías, la no concesión de renuncias a “la persecución penal”, el no reconocimiento de los periodos de privación de la libertad, “el irrespeto a las sanciones restaurativas”, y la permanencia de un amplio número de exguerrilleros en cárceles.
“La JEP no puede, bajo una idea equivocada, seguir interpretando su independencia y autonomía como una facultad para alterar el texto de lo acordado mediante decisiones y resoluciones cuyo alcance no puede estar por encima del Acuerdo Final de Paz, hoy documento oficial del Consejo de Seguridad. Todos nosotros somos conscientes de las inmensas dificultades que hemos tenído que pasar durante desde que firmamos el Acuerdo; a los asesinatos, los atentados, las amenazas, el desplazamiento, la estigmatización y los entrampamientos se agrega la desfiguración de la Jurisdicción Especial de Paz, que ha llevado a que su verdadera esencia se haya perdido”, añadieron en la carta.
Por esta serie de críticas, los hoy dirigentes del Partido Comunes anunciaron que van a recurrir a “todos los medios a su alcance, incluidas instancias internacionales, para que el Estado cumpla sus compromisos”. Y, en ese sentido, convocaron a los firmantes a realizar encuentros regionales de comparecientes para analizar alternativas “respecto al descarrilamiento de que viene siendo objeto la JEP”.
A lo largo del documento aseguraron también que el texto original del Acuerdo fue varias veces alterado en su punto 5: “Primero, como consecuencia de la encerrona que los altos mandos de la Fuerza Pública le hicieron al presidente Santos, horas antes de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón, en la que hicieron suprimir partes para garantizar que no tuvieran que responder por los crímenes cometidos por sus tropas en virtud de la línea de mando, como también para proteger los bienes adquiridos ilegalmente durante el conflicto”.
Y también hubo cambios, según ellos, durante su paso por el Congreso y la Corte Constitucional: “el texto fue nuevamente modificado, dejando un margen muy reducido para conocer la verdad por parte de la JEP de los civiles funcionarios del Estado y a los denominados terceros. De manera insólita según la Corte Constitucional su comparecencia es voluntaria y no obligatoria, como inicialmente fue lo pactado. Ni que hablar de los paramilitares, a quienes jurisprudencialmente esta jurisdicción ha preferido ocultar su verdad, dejándolos en la inoperancia de Justicia y Paz”.