Desplazamiento y confinamiento: la realidad de miles de familias en Buenaventura

La Personería y la Defensoría del Pueblo han recibido declaraciones de cerca de 100 familias que han tenido que abandonar sus hogares en la zona rural por los combates entre grupos armados ilegales como disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo en lo corrido de este 2024.

A esto se le suma el confinamiento de varias familias en sus territorios, que no pueden salir por temor a las minas antipersona, los hostigamientos y las amenazas.

Según el personero distrital, Edwin Patiño, también se han registrado desplazamientos internos en el casco urbano por la violencia de las bandas Shotas y Espartanos, que se disputan el control de las rentas ilícitas y las rutas del narcotráfico.

“Tomamos la declaración de 2.757 familias desplazadas de la zona rural y registramos más de 34 desplazamientos masivos en el 2023. Hay desplazamientos de familias entre veredas debido a la presencia de grupos armados y sus disputas por el territorio. También hay desplazamientos urbanos. Hay que decir que los desplazados tienen la voluntad y quieren regresar a su territorio, pero no hay las suficientes garantías”, dijo el personero Patiño.

El defensor regional del Pacífico, David Torres, informó que ha recibido declaraciones de 88 familias del sector de El Raposo, una del Yurumanguí y 16 del área urbana.

“Del sector de El Raposo se recibieron declaraciones de 88 familias y una familia Yurumanguí tras los enfrentamientos entre los grupos ilegales. Tenemos desplazamiento interno, es decir, en el casco urbano de Buenaventura, donde se ha tomado declaración a 16 familias”, precisó el defensor Torres.

Ante esta grave situación, que vulnera el derecho internacional humanitario, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó su apoyo a los diálogos de paz que se adelantan en Buenaventura entre el Gobierno Nacional y las bandas criminales, con el fin de evitar más afectaciones a la población.

“Alrededor de la ciudad hay conflictos armados que vulneran el Derecho Internacional Humanitario. Hay afectación directa, cientos de personas se desplazan de estos lugares a la ciudad”, afirmó Kian Abbassian, jefe de la subdelegación del CICR en Cali.

Después de más de dos años de desplazamiento forzado, una de las comunidades que pudo volver a su territorio fue el resguardo indígena de Santa Rosa de Guayacán, de la etnia Wounaan Nonam, ubicado en la parte baja del río Calima, zona rural de Buenaventura. Esta comunidad había sido alojada en el municipio de Dagua, tras salir de sus viviendas el 24 de noviembre de 2021 por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.

El retorno se facilitó gracias a que Buenaventura fue declarado el primer territorio de paz del país y se priorizó en los acuerdos con el ELN para garantizar el regreso de las comunidades. Santa Rosa de Guayacán es la primera en volver, sin embargo, su gobernador, Quimer Quiro, advierte que la seguridad aún no es plena y que espera que se respete su cultura y su vida⁴. Esta zona rural de Buenaventura está a cuatro horas del casco urbano.

“El tema de seguridad, pues la verdad, pues no está en buena condición. Pedimos que nos respeten, que nos dejen realizar nuestras actividades diarias sin problemas, como la cacería y la pesca. Nuestro territorio es un resguardo humanitario para población civil”, indicó el líder indígena.

Históricamente, en Buenaventura, según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, las personas que han salido de sus territorios por desplazamiento forzado son cerca de 300 mil.