Comunidades étnicas mantienen bloqueo a la empresa Cerro Matoso

Montería

Este martes 12 de diciembre se completa el segundo día de la manifestación de las comunidades étnicas de San José de Uré, en el sur de Córdoba, que se tomaron el acceso a las instalaciones de Cerro Matoso, por supuestos incumplimientos de esa empresa a una sentencia judicial.

Grupos poblacionales negros e indígenas acusan a esta compañía minera de no dar cumplimiento a los acuerdos establecidos y firmados entre las partes, amparados por la sentencia T 733 de 2017 de la Corte Constitucional.

La decisión judicial ampara los derechos fundamentales a la salud y el ambiente sano de las comunidades étnicas (tanto indígenas zenúes como afrodescendientes) que habitan la zona de influencia de la mina de Cerro Matoso.

El presidente del Consejo Comunitario de San José de Uré, Carlos Mario Franco Santos, en diálogo con Caracol Radio, explicó que la protesta obedece a que no se estarían cumplimiento las órdenes cuarta, quinta, sexta y séptima de la sentencia T 733 de 2017 de la Corte Constitucional.

“No hay una restauración de los ecosistemas ni un mecanismo que permita monitorear con imparcialidad los casos de contaminación. Además, no hay atención integral en salud para las comunidades que habitan la zona de influencia y afectación de la mina de Cerro Matoso. Por otro parte, no se han dado consultas previas con respecto a proyectos recientes como Queresas y Porvenir”, expresó el vocero de la comunidad afrodescendiente.

Los manifestantes se mantienen en protesta frente a las instalaciones de la mina, desde el lunes 11 de diciembre. Además, critican que en el lugar no haya presencia de garantes de la Defensoría del Pueblo ni de las autoridades administrativas y ambientales. Aunque la protesta es pacífica, la zona se encuentra custodiada por la Fuerza Pública.

CERRO MATOSO RESPONDE

El ingeniero Ricardo Gaviria Jansa, presidente de Cerro Matoso, habló con Caracol Radio y mencionó que uno de los elementos fundamentales del cumplimiento a la sentencia fue hacer consultas previas a las comunidades afros e indígenas, y que la compañía ha honrado los acuerdos que tiene con los 15 grupos poblacionales de su área de influencia.

“La Corte Constitucional asignó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca como veedor, para todo el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que hicimos en su momento. Así las cosas, ese despacho, de manera reiterada ha informado a todos los grupos de interés que nosotros hemos estado cumpliendo con estos acuerdos desde el año 2019, cuando terminamos los procesos de consultas previas”.

SIN ENTRADA NI SALIDA

Gaviria Jansa informó que, debido a la manifestación de las comunidades étnicas, se está impactando el derecho al trabajo y a la libre movilidad de las personas que laboran en la compañía, tanto empleados directos como contratistas.

“Mi invitación es a levantar estos bloqueos y que conversemos. Entiendo que el Consejo Comunitario Afro de San José de Uré le presentó una solicitud de desacato a la Corte Constitucional, la Corte envió esto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y esta corporación se está tomando su tiempo para dar las respuestas del caso. Me luce que estos movimientos son para ponerle presión a la empresa sobre temas que se han discutido y que nosotros estamos cumpliendo”, puntualizó el directivo, quien precisó que hay trabajadores que no han podido salir de la mina desde el pasado domingo, por cuenta del bloqueo de las comunidades, aunque está garantizada, de momento, la operación de la empresa.