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Cifras, decisiones y hechos, ¿en qué va la paz total?

Panelistas analizaron el impacto de la decisión de la Corte Constitucional sobre la paz total, las cifras de violencia y el inicio del quinto ciclo con el ELN

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Imagen de referencia de una bandera de Colombia. (Photo by Vanessa Gonzalez/NurPhoto via Getty Images)

En Hora20 el análisis a los hechos con los que inicia la semana. Se habló del punto en el que se encuentra la paz total tras el reinicio de la negociación con el Eln, las decisiones de la Corte Constitucional que impactan los procesos con las organizaciones criminales y el repunte de violencia que se vivió este fin de semana. Después el análisis a la salida del gobierno de Martha Lucía Zamora, de las polémicas que se generan al interior del gobierno y de lo que parece ser el costo de defender unas ideas al interior de la administración. Por último, los logros del presidente en la COP28.

Una sensación de que la paz total se estaría convirtiendo en un fracaso total hace eco en el país, durante este fin de semana se registraron tres masacres, con lo cual, se completan 90 en lo corrido del año, se registraron casos de secuestro en Jamundí y el asesinato de dos líderes sociales. Sin embargo, según el más reciente informe de Pares sobre violencia en el país, en al menos 2 de los 16 indicadores hay aumentos, mientras que en el resto se han registrado caídas considerables como el de reclutamiento que ha caído un 57%, mientras que el secuestro ha tenido un aumento del 73. Esta realidad contrasta con el inicio del quinto ciclo de negociaciones con el Eln en Ciudad de México en el que precisamente el secuestro y las prácticas de financiamiento van a ser el centro del debate, además, inicia el ciclo con una organización que acaba de terminar un paro armado de cinco días en cuatro municipios del Chocó.

La paz total se ve enredada por los lados del diálogo con el Estado Mayor Central, pues tras los cambios en una parte del equipo negociador y el jefe de la delegación del Emc, se expresó que el gobierno no da confianza para los diálogos, dicen que hay desconfianza por los chantajes y la trampa. Sin embargo, dicen que se mantienen en el proceso, el cual no avanza todavía, pues la mesa de negociación no ha empezado formalmente a pesar de que el cese al fuego se mantiene vigente. Por otro lado, está la decisión que tomó la semana pasada la Corte Constitucional de avalar la ley de paz total, pero bajo algunas observaciones que le darían orden a ese proceso. Una de ellas tiene que ver con la necesidad de una ley de sometimiento avalada por el Congreso para darle orden a la negociación en las cárceles o con organizaciones como el clan del Golfo, así como los lineamientos que dejó la Corte en términos de levantamiento de órdenes de captura a los voceros y gestores.

Lo que dicen los panelistas

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, columnista y cofundador de Visión Colombia 2022, resaltó que no cabe duda que estamos en pleno de conflicto armado, que sea cual sea la fuente de las cifras e independiente de asimetría de información, todas son espeluznantes, “en últimas el debate está en si la mejor manera es el de abrazar la cultura del diálogo con armados y dentro de esa lógica ver si realmente es útil y válido con organizaciones con componente político o crimen de alto impacto que llevan al Estado a hacer un diálogo o si se debe aplicar la fuerza legítima del Estado”, pues advierte que estamos creando incentivos perversos y trasnochados de creer que la forma de salir del conflicto es negociar y premiar.

Agregó que es una salida fácil que el presidente Petro diga que las masacres no han disminuido por la inacción del gobierno anterior en la implementación del Acuerdo de paz, es una salida que no compagina con lo técnico, el Presidente debe dar soluciones para mejor la calidad de vida de los ciudadanos y generar condiciones básicas de seguridad; todos los días se lava las manos sobre la base de cualquier pretexto y en algún momento debe asumir el rol histórico y se rajará en orden público”.

Para María José Pizarro, senadora de la república por el Pacto Histórico y miembro del equipo negociador del gobierno con el Eln, la disparidad en las cifras es uno de los grandes problemas que tiene el país, “es deber desde las instituciones de dar una paridad de criterios para hacer análisis y que no terminen confundiendo”. La senadora resaltó que la política de paz es clara y ha sido presentada al país, “la decisión de la corte vía sentencia no solamente convierte la voluntad de paz de este gobierno en una política de gobierno y de Estado y eso es una buena noticia para quienes luchamos por la paz; en esa lucha nos reunimos desde distintos sectores”.

Sobre el inicio del quinto ciclo con el ELN, dijo que el tema de la eliminación del secuestro como práctica es uno de los asuntos primordiales por abordar, “es un punto innegociable, en eso somos claros desde la delegación del gobierno, no hay ambigüedad con la práctica del secuestro y es violatoria del DIH, esa es la premisa, así llegamos y tenemos que esperar a que se dé el ciclo”.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, politóloga y analista, planteó que en el estudio que presentan, se monitorearon 51 indicadores en violencia, comportamiento de delitos y diversas zonas, “hay 16 que reflejan mejor la violencia relacionada con el conflicto armado, en esos hay dos que se incrementan de enero a octubre entre 2022 y 2023, los homicidios incrementan 3% que es algo preocupante y secuestro más de 70%, que es tal vez lo más preocupante”, no obstante, dijo que en otros indicadores decrece el desplazamiento forzado o masacres. Sobre el punto del secuestro, dijo que este es un delito sensible para la sociedad colombiana que lleva a una percepción generalizada de violencia, “ahí está secuestro extorsivo, exprés, la gente siente que eso le puede pasar y eso genera niveles de angustia mayores”. También explicó que el secuestro implicaría costos logísticos menores a lo que significa la producción de pasta de coca, además, resaltó que el secuestro es una alternativa financiera ante la crisis que se vive en las economías de la coca.

Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista en El Tiempo, planteó que, si bien Pares cuenta con unos indicadores en términos de violencia, otros organismos como Defensoría del Pueblo y Unidad de Víctimas, tienen datos diferentes sobre los fenómenos de violencia en el país, “las comunidades están viendo una realidad diferente a la de Pares, una realidad diferente que vemos todos los días porque hay masacres, hoy vimos lo de Santa Fe de Antioquia”. En ese sentido, dice que el asunto central es lo que se vive en regiones, “el momento es que secuestro y extorsión sube y uno ve Meta y regiones que no sufrían, hoy sufren. dos, hay cuatro cosas. no se puede centrar uno en un periodo sin tendencias; todas las tendencias han aumentado, confinamiento ha crecido, reclutamiento, extorsión, homicidio”.

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