Procuraduría pide a JEP informe de soldados que habrían violado a mujeres indígenas
A principios de esta año se pudo confirmar que 69 niñas de las comunidades en peligro de extinción, Jiw y Nukak, han sido víctimas de abuso sexual y que los presuntos delitos fueron cometidos por militares
Soldados de las Fuerzas Militares. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto
La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz, recopilar información sobre procesos adelantados contra soldados, que habrían dicho tener relaciones sexuales consentidas con mujeres indígenas, cuando en realidad habrían sido víctimas de violaciones.
Es importante recordar que a principios de esta año se pudo confirmar que 69 niñas de las comunidades en peligro de extinción, Jiw y Nukak, han sido víctimas de abuso sexual y que los presuntos delitos fueron cometidos por militares destacados en las zonas de estancia de los grupos autóctonos.
Además el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuenta con más de 500 denuncias registradas durante los últimos años, cifra que puede aumentar.
Fue por eso que el Ministerio Público le pidió a la JEP recopilar esta información para individualizar a los soldados y abrir las investigaciones correspondientes.
Esta petición hace parte del documento de observaciones hechas por la Procuraduría Delegada ante la JEP, frente a las declaraciones voluntarias rendidas por cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública (dos soldados y dos policías) que violaron a una mujer indígena y posteriormente la intimidaron para que no denunciara.
Luego de contrastar la información entregada por los exmilitares y expolicías, la procuradora delegada con funciones de intervención ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez López, encontró que, “hay una alta probabilidad de que hayan ocurrido múltiples sucesos similares propiciados por estas mismas condiciones puesto que, al parecer, estos delitos fueron definidos dentro de las investigaciones internas disciplinarias como relaciones sexuales consentidas, lo cual desfiguró e invisibilizó el impacto de los delitos cometidos”.
La delegada ante la JEP agregó que, “lo sufrido por esta persona no puede considerarse de manera independiente a la dinámica del conflicto armado, pues se está ante un hecho que no es aislado y se produjo en un contexto de control territorial”.
La Procuraduría también pidió que se indague por la existencia de un posible patrón victimizante derivado de estos hechos; se investigue la violencia secundaria de la que fueron objeto las mujeres indígenas; se determine cuáles fueron las presiones y la revictimización sufrida por quienes se atrevieron a denunciar y se identifique a los responsables.
