57 millones de dolares recibió el Clan del Golfo por tráfico de migrantes
Human Rights Watch analizó las consecuencias que han tenido los derechos humanos por la crisis migratoria en el Tapón del Darién y los ingresos que estaría obteniendo el Clan del Golfo.
Imagen de referencia de migrantes. Foto: Getty Images. / Anadolu Agency
El informe de 58 paginas y además titulado “‘Este infierno era mi única opción’: Abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién” analizó que las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), habrían recibido 57 millones de dólares a través de la migración por la selva del Darién, esto entre enero de y octubre de 2023.
Esa suma de dinero significaría, 125 dolares por cada persona que cruza de forma ilegal el Tapón en su propósito por llegar a Estados Unidos.
“Del lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico, regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo, decide quién puede asistirlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta para la población local y los migrantes, que a veces hace cumplir mediante la violencia”, detalla el informe.
Asimismo analizan que entre 2005 y 2020, el número de migrantes en América Latina y el Caribe aumentó en más del doble, pasando de aproximadamente 7 millones a 15 millones, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Por ejemplo, más de 440.000 venezolanos han cruzado el Tapón del Darién desde enero de 2022, la cifra más alta entre todas las nacionalidades.
“Huyen de una grave emergencia humanitaria, que ha limitado el acceso a alimento y medicinas, y de los abusos y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad, grupos armados y pandillas”, agrega.
Por otro lado, más de 800.000 ecuatorianos y más de 63.000 haitianos también ha cruzado el Tapón del Darién desde enero de 2022. La mayoría escapan, según HRW “por el aumento de la violencia en el país, marcada por tasas de homicidio y extorsión sin precedentes”.
Entre los llamados que hace la ONG es que, los gobiernos deberían poner en marcha un régimen de protección temporal para toda la región que conceda a los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo razonable y renovable.
De igual forma, los gobiernos deberían tomar medidas para crear un mecanismo regional equitativo y centrado en los derechos humanos para determinar qué Estados son responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados.