Fiscal general denunció que están desmantelando la Dijín y quitando el apoyo a fiscales
En su visita al Eje Cafetero, Francisco Barbosa manifestó su preocupación e inconformidad por la falta de apoyo para que la entidad pueda cumplir, bajo seguridad y protección, su función de investigar y esclarecer hechos delictivos.
La vicefiscal Marta Mancera y el fiscal general de la nación Francisco Barbosa - Fiscalía seccional Risaralda.
Pereira
En medio de la presentación de cifras y resultados que hizo el fiscal general Francisco Barbosa en la capital risaraldense, manifestó su inconformismo y preocupación porque, según él, se estaría desmantelando la Policía Judicial especialmente en departamentos como Antioquia, donde se le ha quitado el apoyo a los fiscales para no capturar delincuentes y narcotraficantes.
Fue vehemente el fiscal en expresar que no es el jefe de las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional y que por ello es necesario conocer quién dio la orden de retirar el apoyo a los fiscales antinarcóticos.
“He venido observando en el país, que se dio la orden o la instrucción, no sé de quien, de ir desmantelando paulatinamente la Policía Judicial de la Dijín y no apoyar a los fiscales para capturar bandidos en Colombia, eso sí me parece grave, esas son las denuncias que hay que hacer, yo no soy el jefe de la Policía Nacional de este país, el jefe de la Policía Nacional es el presidente de la República. Yo si quiero que me digan quién dio la orden de quitarle la Policía Judicial a todos los fiscales antinarcóticos de Medellín para que no vuelvan a capturar narcotraficantes, quién dio la orden en las diferentes fiscalías de las ciudades para quitarle la Policía Judicial a los investigadores y fiscales para evitar que se capturen delincuentes que le están causando daño al país. Como en este momento estamos en la moda de quién dio la orden, yo también digo, quién está dando la orden para que se desmantele el estado de derecho en Colombia”, recalcó el fiscal.
Precisó que la capacidad institucional no está dando abasto con esta decisión sobre la Policía Judicial y la falta de apoyo de las instituciones, pues hay más de 300 órdenes de captura sin ejecutar por homicidios a reincorporados y sus familiares y defensores de derechos humanos.
Esta situación, según Barbosa, está afectando a todos los actores sociales del país, pues se está abandonando la protección de los colombianos.