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Episodio 6 I Hora2023: violencia y delitos electorales

Panelistas consideran que no es una buena idea aplazar elecciones y que es necesario tener mayor coordinación entre las dinámicas locales y las políticas nacionales.

Episodio 6 I Hora2023: violencia y delitos electorales

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La Misión de Observación electoral en el Huila reporta 45 denuncias delitos electorales durante la jornada en diferentes municipios.

En Hora20 un nuevo episodio de la Hora2023, hora de elecciones para hablar violencia en época electoral, el riesgo de delitos y las amenazas al desarrollo de estos comicios. Se analizaron los mapas de riesgo, la presencia de organizaciones armadas, la capacidad de incidir en las elecciones y las posibilidades de aplazamiento en algunas regiones. También una mirada a la posible participación de militares en el hostigamiento en Tierralta, Córdoba.

A un mes y medio de la jornada de elecciones, la seguridad de una parte de los candidatos a estos comicios sigue bajo riesgo, como es el caso de las amenazas a Juan Camilo Tobón candidato a la alcaldía de Barbosa y el atentado a Alexandra Cuellar, candidata a la alcaldía de Piamonte en Cauca. Estas son las últimas dos víctimas de violencia en este periodo electoral que ha llevado a que el registrador, Alexander Vega plantee que se salven las elecciones, se aplacen o que incluso, se piense en repetirlas. Para enfrentar este panorama, el Ministerio de Defensa anunció el Plan Democracia, la estrategia para atender el orden público en elecciones que comprende el despliegue de 70 mil uniformados, 1.300 acciones de o prevención y la priorización de 17 municipios.

Sin embargo, reportes de instituciones, organismos y sociedad civil, reflejan que, para las elecciones regionales, se ha visto deteriorada la seguridad. Por ejemplo, según la Defensoría del Pueblo, hay 676 municipios con algún tipo de riesgo, esto son 274 municipios más frente al 2019. En municipios con riesgo extremo hay 35 más, en riesgo alto 121 y en riesgo medio 25. Departamentos como Vichada, Caquetá y Casanare tienen a todos sus municipios con algún tipo de riesgo, mientras que donde más riesgo hay es en el sur del país desde Putumayo, el litoral Pacífico, el bajo cauca antioqueño, el magdalena medio y Catatumbo. Además, hay un pronunciado incremento de la presencia de organizaciones armadas en municipios: las AGC crecen en 79 municipios, el Eln en 83 y el Estado Mayor en 111. El último informe de violencia política de Pares que comprende entre el 29 de octubre del 2022 y 29 de agosto del 2023, refleja que se han registrado en el país 219 víctimas de violencia electoral en 715 hechos que han dejado 34 personas asesinadas, 31 atentados y 154 amenazas.

Lo que dicen los panelistas

Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral, señaló que el aplazamiento de elecciones no es una salida, de hecho, dice que puede ser la peor propuesta, “estamos en elecciones locales que se encadenan unas a otras, eso es importante entenderlo porque las elecciones locales empiezan en lo municipal y eso agrega a los resultados electorales de gobernación y asambleas. Tomar la decisión de aplazar en un municipio, eso lleva a la pregunta de qué hago con esos otros dos”, con lo cual, dice que, si se toma decisión de aplazar la elección a gobernación y asamblea, eso significa que debe hacerse al menos 2 meses después del aplazamiento, “pero la pregunta es qué nos garantiza que en dos meses la situación de violencia recurrente cambie”.

Resaltó que el gobernador del Cauca, ha dicho que por 50 años se han hecho elecciones bajo escenarios de violencia, “es importante el diálogo inteligente que ha permitido en procesos electorales gobernar las elecciones de manera adecuada, es necesario mejorar la calidad de la comunicación con MinInterior, gobernaciones y autoridades locales”.

Jairo Libreros, abogado, profesor en la Universidad Externado, experto en temas de seguridad, consultor, explicó que en los hechos de Tierralta confluyen hechos y persiste la preocupación de que todavía no se logra cambiar el chip de un sector de Fuerzas Militares del Ejército Nacional relacionado con doctrina militar, “las prácticas del pasado que no superamos”.

Sobre el proceso electoral, dijo que hay un diagnóstico fracturado y dificultades en la respuesta, pues explica que el Plan Democracia es una de las políticas más antiguas en el país, que ha funcionado para atender actividades relacionadas con el ejercicio electoral, “el Plan Democracia no tiene respuestas diferenciadas, suma políticas, hace acompañamientos, consejos de seguridad, ya se habla de incluir PMU por la vida, pero son los mismos dispositivos; hay que fortalecer capacidad local”,

Esteban Salazar, coordinador Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que hay condiciones estructural, “eso cuando se mide en elecciones se da cuenta que, en elecciones locales, hay más municipios en el escenario de riesgo para la competencia electoral; ahí está más focalizado”.

Sobre el escenario de riesgo, dijo que desde 2018 ante la proliferación de estructuras armadas, no es lógico que se hable hoy sobre, o a raíz del proceso electoral, “porque solo en función del proceso electoral, la violencia dirigida en nueve departamentos cuando salen gobernadores a manifestar preocupación de que no se podría llevar a cabo elecciones, sobre violencia política electoral, no coincide con departamentos por riesgo de presencia de estructuras armadas ilegales”.

Para Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte y Doctor en Estudios Americanos, la situación es compleja, pero no inédita, “hay experiencia en realizar elecciones en contexto de alta violencia e intensidad, ocurrió en los años 90 y entre 1998 y 2006 con complejidad y uno lo que esperaría es que se extrajeran buenas prácticas para no ir reinventando la guerra”. Además, dijo que el país debe preguntarse cómo han sido elecciones en Arauca con el ELN. Explicó que

ningún actor armado se quiere tomar el poder nacional y eso implica un saboteo de elecciones, pero que no está en planes estratégicos y destacó que hay más posibilidades de incidencia en cuanto al tutelaje de candidaturas, “pero en zonas de competencia criminal y conflictividad, hay afectación no porque coopten candidaturas, sino que nivel de guerra impide movimientos electorales hacia corregimientos y veredas”.

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