Petro firmó decretos para reglamentar ley sobre minería en territorios afro e indígenas
Sin embargo, el propio presidente Gustavo Petro advirtió que “si no hay una movilización negra en Colombia”, los decretos podrían quedarse en papel.
Presidente Gustavo Petro. Foto: (Colprensa-Presidencia de la República)
Colombia
Durante la firma de los decretos que reglamentan la ley 70 de 1993, sobre minería en territorios indígenas y afros, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a estas comunidades para que trabajen conjuntamente por la defensa de sus derechos.
“Esos decretos no se ejecutarán, no se volverán de la palabra a hechos, ni abandonarán la forma escrita para pasar a la realidad cotidiana, si no hay una movilización negra en Colombia. Hay que alistarla, precisamente para defender los decretos”, indicó el mandatario desde la conmemoración por los 30 años de esta ley, en la Universidad Nacional.
La vicepresidenta Francia Márquez, a propósito, señaló que el Gobierno está “cumpliendo esa promesa de campaña de avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos de la población afrodescendiente. Para eso estamos avanzando, después de un año de gobierno, firmando esos decretos”. Lo firmado hoy, según la también ministra de la Igualdad, es “fundamental para la garantía de los derechos étnicos, territoriales y del ambiente de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras”.
De hecho, como explicó Márquez, este viernes 18 de agosto se firmó “el capítulo cuarto, que versa sobre los recursos naturales y la biodiversidad en los territorios, y el capítulo quinto, que versa sobre recursos mineros”.
Además, para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se está saldando una deuda histórica: “se expidió una ley que lleva 30 años esperando ser reglamentada. Lo que se ha venido concertando arranca en eso, que este Gobierno reconozca algo que todos debemos reconocer: que las comunidades afro son dueños de su propio territorio”.
Y coincidió en que estos decretos permiten “reconocer la historia de Colombia. ¿Cómo vamos a decirle a una etnia que lleva 300 años explotando el oro, que no tienen derecho a esas minas? Evidentemente el Gobierno tendrá que acompañarlos, para que sea una explotación ambientalmente amigable, pero es evidente que ahí hay unos derechos”.