¿Qué necesidades debería atender la reforma a la educación?

En Hora20 el análisis a la reforma a la educación que conocerá el país en los próximos días y que trae cambios para el actual modelo de educación superior. Se analizaron las líneas generales de la propuesta del gobierno, el proceso de concertación y de asambleas que ha impulsado el Ministerio de Educación, así como una mirada a lo que necesita el sector de educación superior, los desafíos que enfrenta y los cambios que debería considerar esta reforma para lograr calidad, cobertura, sostenibilidad financiera y lograr la meta de crear 500 mil nuevos cupos.

El pasado 7 de junio durante las manifestaciones convocadas por el gobierno nacional, el presidente Petro anunció que el 20 de julio se presentaría ante el congreso una nueva reforma... esta vez sería la reforma a la educación, específicamente a la ley 30 de 1992 sobre educación superior. Este martes conocimos que no será radicada el 20 de julio, sino que será esa la fecha en la que se conozca el borrador del proyecto que será radicado más adelante. La iniciativa tiene como objetivo impactar las más de 200 instituciones de educación superior públicas, los 2,2 millones de estudiantes y lograr ampliar el cupo a 500 mil personas más a través de sostenibilidad del sistema financiero, mayor cobertura y cierre de brechas.

El proceso de construcción de la reforma ha implicado diálogo con estudiantes que entregaron su visión de la reforma hace pocas semanas; el diálogo con 34 rectores en la Casa de Nariño y asambleas en varias regiones. El punto central será la financiación y la modificación a los artículos 86 y 87 de la ley 30 que fijan fuentes de financiación y que el incremento en presupuesto está atado al IPC, con lo cual, se buscaría un mecanismo que garantice ingresos para que la universidad pública pueda tapar el déficit billonario que hoy tiene. Otro de los ejes es el de considerar a la educación como un derecho fundamental y no como un servicio, con este cambio que se advierte debería hacerse vía reforma constitucional y el Estado asumiría nuevas responsabilidades. Mientras que desde el sector estudiantil se han lanzado propuestas como un mejor servicio de bienestar universitario y un modelo de cogobierno en las universidades.

En términos de calidad y cambios curriculares no hay mayor claridad hasta el momento, aunque se habla de modificaciones a los mecanismos para calificar o acreditar a las instituciones de educación superior; tampoco hay mayor referencia a la universidad privada o a la formación para el trabajo a través de la formación técnica. Todo esto bajo medidas previas del gobierno como matrícula cero, universidad en tu territorio y la adición presupuestal por $1,6 billones.

Lo que dicen los panelistas

Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, PhD en Filosofía y abogado,aseguró que por ahora no conocen el texto y documento en forma, “no tenemos insumos para poder hacer análisis, se pueden hacer interpretaciones y la ley 30 actual tiene 30 años de existencia, esa ley se pretende reformar y no se va a cambiar porque tenga 30 años, sino en función de si ha logrado los fines con los que fue creada”. Explicó que hoy en Colombia el 46% de jóvenes no tienen acceso a educación superior, “son 2,5 millones de jóvenes concentrados en zonas donde el Estado ha sido ausente; en la reforma es clave ver cómo garantizamos acceso a la educación superior”.

Aseguró que en la reforma es clave construir un modelo de financiamiento que lo haga sostenible, “en modelo de financiación se debe repensar el sistema de aseguramiento que es rígido, los planes academices, mecanismos de evaluación, pertinencia de programas”. Por último, destacó que se debe abrir el diálogo con universidades, con sociedad civil y ver cómo se recoge la pluralidad en la construcción de una reforma.

Alfonso Flórez, profesor de Filosofía de la Universidad Javeriana, planteó que es acertado tener una reforma a la ley 30 porque 30 años después de su vigencia, hay cambios tecnológicos, de dinámica social y de país, también dijo que sería importante que la reforma pueda hacerse o deba hacerse de una manera completa. En ese sentido, aseguró que se debe distinguir de la educación profesional y que se dejaría de lado otros aspectos, “habría que pensar en situación del Sena en el conjunto de formación y que el país podría pensar en los modelos internacionales; ajustar nuestro modelo educativo un poquito más a los modelos internacionales donde en esta cuestión de títulos, nosotros cuando pensamos en educación superior hablamos de títulos de pregrado, pero esos títulos es nivel de educación que se debe complementar con maestría”.

Para Cecilia María Vélez, exrectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, exministra de Educación, hay varias preocupaciones como los tópicos que va a tratar la reforma, “soy partidaria de tener una reforma que no sea tan reglamentaria, la flexibilidad que se debe dar a instituciones es muy importante y la reforma debe garantizar calidad y derechos, pero dejando flexibilidad para poder responder a los cambios en el mundo”.

También manifestó que se debe ser claro en qué es lo que necesita una ley y qué necesitaría un decreto reglamentario que se ajuste a las necesidades del sistema, “las cosas cambian, se ensayan cosas y cuando se ponen a marchar no funciona tan bien; que no se pretenda resolver todo mediante ley”. De otro lado, dijo que es importante no solo mirar la oferta, sino también garantizar la demanda para que los jóvenes terminen con competencias necesarias para acceder al sistema, “es importante saber cómo se trabaja la demanda, que niños lleguen a la media, que sigan a la superior y accedan a otro tipo de educación”.

Para Moisés Wasserman, bioquímico, exrector de la Universidad Nacional y columnista en El Tiempo, sería importante que se aproveche el momento de la reforma para lograr unidad, “casi todos los estamentos de sociedad han manifestado importancia de reforma a la educación superior y la ministra es una persona con buena capacidad de comunicación y recepción; ojalá que no se convierta en otro grupo de conflicto”, pues resalta que toca cuidarse de que el actual escenario no se convierta en un una lucha de reivindicaciones de grupos de interés y grupos de presión.

Planteó que la clave de la reforma radica en la sostenibilidad, “eso debe ser estudiado cuidadosamente para que el modelo sea sostenible al largo término y hay instrumentos presupuestales y de varios tipos y creo que eso debe ser muy bien estudiado; lo que me asusta un poco es que nos quedemos en eso y hacemos un sistema sostenible para que haga lo mismo y eso sí sería infortunado”. Sobre la idea de convertir a la educación superior en un derecho fundamental advirtió que la educación básica es derecho fundamental desde el 91 y hay diferencias entre público-privado, urbano-rural y de calidad, “hay que bajarle al discurso y hacerse una ley concreta”, concluyó.