Implementación del Acuerdo de paz, ¿qué esperar del gobierno nacional?

En Hora20 el análisis es con los directores de los centros de pensamiento e investigación más importantes del país en materia de conflicto armado, violencia y procesos de paz. Se analizó el encuentro entre el gobierno y exnegociadores de paz en Cartagena para hablar sobre la implementación del Acuerdo de paz con las Farc durante este gobierno y la política de paz total. También una mirada a cómo está caminando esta implementación y los desafíos que tiene el gobierno actual.

Intentar compaginar la política de paz total con la de la implementación del acuerdo con las Farc en 2016 es una de las misiones que tiene el encuentro que se ha desarrollado este jueves en Cartagena entre miembros del gobierno como el canciller y el alto comisionado para la paz y los ministros de Justicia e Interior, pero bajo la ausencia del presidente, pues canceló minutos antes del inicio. De otro lado están los exnegociadores de paz como Humberto de la Calle, el exministro Yesid Reyes, el senador Roy Barreras y el expresidente Juan Manuel Santos. De otro lado, han asistido exmiembros de la guerrilla de las Farc como Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo. Las conclusiones del encuentro están relacionadas con deslindar la implementación del Acuerdo del resto del trabajo de la Paz Total y revivir la alta consejería para la implementación.

La necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de paz del 2016 ha sido un tema en el que han insistido quienes firmaron la paz, exmiembros de la guerrilla como Rodrigo Londoño han llegado a decir que estaban más seguros en el gobierno anterior, mientras que el mismo presidente Petro ha dicho que estos acuerdos quedaron “incompletos”, un preocupante panorama que remataba con el desplazamiento de antiguos miembros de esa guerrilla tras las amenazas de seguridad en algunos AETCR del país. La implementación tiene un 37% de avances mínimos según el informe de junio del 2022 del Instituto Kroc, mientras informes del Congreso de la República afirman que los puntos donde hay mayor rezago es la Reforma Rural Integral y sustitución de cultivos ilícitos, así como un 33% de normas que todavía no han sido tramitadas en el Legislativo.

Lo que dicen los panelistas

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, contó que es positio que se haya dado este encuentro, pues recuerda que ha habido cuestionamientos a la implementación del Acuerdo de Paz desde las mismas personas que firmaron ese acuerdo, “las declaraciones del comisionado son muy vagas, hay un compromiso muy genérico, una reingeniería; ya vamos 7 meses de este gobierno y parece no arrancar en el tema de la implementación”.

Incluso afirmó que es claro que no se ha avanzado en casi nada de lo que se dejó atrasado, “no se avanza porque muchos funcionarios acaban de llegar” y considera que la realidad en los territorios avanza perversamente rápido hacia la violencia y eso generará mayor dificultad para implementar.

Para Jorge Restrepo, economista, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, esta reunión demuestra que hay disponibilidad de hablar con quienes avanzaron en contribuir en sacar a la paz de la discusión política, “creo que no se puede perder la oportunidad que tiene Colombia de volver la mirada a la paz como propósito nacional, de ver múltiples conflictos armados; desde eso la iniciativa de paz del gobierno es correcta, es necesaria y debe ser propósito de nación, pero el gobierno tiene grandes dificultades de ejecución”.

Aseguró que se debe hacer mucho más en términos de implementación, así como revisar las políticas públicas de dicha implementación y revisar la estrategia en seguridad que no ofrece garantías para que se dé una implementación sostenible y duradera, “en muchos territorios no hay desarrollo para construir paz porque no hay seguridad”.

Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz,señaló que se nota que hay intención de impulsar implementación, “hay apuesta económica ques e puede complementar, iniciativas legislativas y hay temas estructurales de tema organizacional y ejecución presupuestal con las urgencias”. Agregó que debe haber sincronía en política de implementación y procesos de paz, “eso es importante, que se logre distención y acuerdos para hacer esa política de territorios macrorregionales con inversiones y considerando la crisis que hay de sobreproducción de coca”, pero afirma que una cosa no se puede separar de la otra.

León Valencia, fundador de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que el gobierno Santos iba lento en la aplicación de acuerdos y que el gobierno Duque generó interferencia en el proceso de implementación, “el acuerdo del 2016 tanto el de Cartagena como el del Colón es un acuerdo de reformas profundas a la sociedad: reforma política, agraria, un camino distinto en el tratamiento de drogas, en la seguridad y eso pues no ha habido la sustancia, no se ha sacado adelante ni siquiera en este gobierno porque hay oposición dura, durísima a las reformas en Colombia de las élites y el gran empresariado”.

En ese sentido manifestó que, si el país no está en un ánimo reformista y de un acuerdo nacional para implementar lo que está en el acuerdo en reforma política, reforma agraria, tratamiento de drogas, proceso de reducción de las violencias, “pues no hay acuerdo que valga”.

Camilo Cetina, director ejecutivo del Fondo Colombia en Paz, contó que los puntos con mayor rezago en la implementación, en particular en el punto uno de reforma rural integral, son los de educación rural, salud y mercados, además, explicó que este es un punto que supera lo agropecuario, pues comprende también la infraestructura rural, el acceso a servicios y bienes públicos. Explicó que el 80% de los recursos del portafolio del Fondo Colombia en Paz está dirigido a reincorporación, renovación del territorio y el frente institucional.

Señaló que la entidad también buscará avanzar en términos de transparencia, con lo cual, se abrirá la información de contratación a toda la ciudadanía para poder consultar a qué punto del Acuerdo pertenece la inversión y en manos de quién está la contratación.