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Justicia

La Defensoría del Pueblo pide al Estado no dilatar el diálogo social

Esta entidad pide no ignorar el llamado de las comunidades y buscar soluciones a los problemas de manera pacífica

Protestas comunidades. Cortesía Defensoría del Pueblo

Bogotá

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para priorizar el diálogo social como respuesta adecuada a las demandas sociales, evitar postergar la constitución de espacios de diálogo social y atender el llamado de las comunidades de diferentes regiones del país, ante el incremento de las dinámicas de conflictividad social.

“Durante los dos primeros meses de 2023 se ha observado un incremento de conflictos sociales respecto al mismo período del año anterior. Mientras en enero y febrero de 2022 se registraron 124 eventos de este tipo, en el mismo periodo de 2023 la cifra llegó a los 214 eventos, es decir un incremento del 72,6%”.

De acuerdo con el monitoreo realizado por el Observatorio de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, durante el año 2022 se registraron 1.428 eventos relacionados con diversos tipos de conflictividad social. En la dinámica observada mes a mes, a partir del segundo semestre de 2022 se evidenció una tendencia al alza de los conflictos sociales, alcanzando el número más alto en el mes de septiembre con 186 eventos.

“Como Defensor del Pueblo le reitero al Gobierno Nacional y a los entes territoriales la importancia de trabajar en la prevención temprana para evitar el escalamiento violento de las protestas sociales, atender los llamados de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mineras, entre otras, para escuchar sus necesidades y construir rutas de trabajo que permitan prevenir la violencia como forma de protesta, así como la respuesta institucional a la misma”.

Esta entidad aclara que no es su interés evitar las protestas sociales pacíficas, ni que las dinámicas de la conflictividad social se presenten, sino prevenir que escalen a hechos de violencia entre las partes en conflicto, los agentes del Estado y los terceros que deciden no participar de las mismas.