¿Cómo avanza la implementación del acuerdo de paz con la extinta FARC?
El defensor del pueblo aseguró que no es necesario la creación de una nueva corte agraria.
Imagen de referencia. (Photo by: Chepa Beltran/Long Visual Press/Unniversal Images Group via Getty Images) / Chepa Beltran
Bogotá D.C.
La Defensoría del Pueblo presentó el Tercer Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, correspondiente al periodo comprendido entre el 8 de julio y el 31 de diciembre de 2022.
Señala que el nivel de implementación no ha sido el mismo en todos los puntos, pero no por una baja ejecución en alguno de ellos se puede concluir ausencia de voluntad con el Acuerdo Final.
De hecho, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirma que el acuerdo debe integrarse a las intenciones de paz total del Gobierno Petro. “No son suficientes los anuncios, con menor razón si son aprovechados o entendidos de mala manera y convertidos en mecanismo de presión para lograr decisiones inmediatas, como en el caso de las ocupaciones ilegales de tierras”.
Por otro lado, a juicio de Carlos Camargo sobre la compra de tierras del Ministerio de Agricultura a Fedegán, la base de la reforma agraria del Gobierno, la cuantiosa destinación de recursos debe estar en línea con la racionalidad del gasto.
En este punto llamó la atención del compromiso relacionado con la jurisdicción agraria, que establece la necesidad de crear la figura del juez de tierras, como el funcionario que en la ruralidad, en el territorio, pueda resolver los conflictos suscitados o asociados a la tenencia u ocupación de la tierra, cuyas decisiones deben efectuarse con enfoque de género.
“Ese funcionario al que se aludió en las discusiones de la Habana no se traduce en una nueva corte. Por lo tanto, el Congreso de la República, encargado en su sabiduría de garantizar ese compromiso debe evaluar con detenimiento la conveniencia o no de crear un nuevo órgano alejado de esa figura que se busca que atienda en la ruralidad”, señaló.
Ahora, en lo que tiene que ver con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para octubre de 2022, se reporta un 40% de iniciativas con ruta de implementación activas.
En cuanto al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, la Defensoría del Pueblo observa que se mantiene la vinculación formal de 99.097 familias beneficiarias.
Entre tanto, os avances en materia de catastro multipropósito tampoco son halagadores y aún no se conoce el porcentaje de avance a diciembre de 2022.