Judicializan a nueve personas por desfalco de 3.800 millones en Universidad de Chocó
Cinco de los implicados fueron enviados a prisión. Los demás seguirán vinculados al proceso en libertad.
No. 25 de 2015 ARCHIVO. DETENIDOS. (Archivo-colprensa). / Raul Palacios
Colombia
En las últimas horas la Fiscalía judicializó a funcionarios, exfuncionarios y contratistas de la Universidad Tecnológica del Chocó, UTCH, por presuntamente apropiarse de más de 3.800 millones de pesos, luego de que, al parecer suscribieran varios contratos para el suministro de maquinarias y equipos industriales, además de la construcción de un Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera en el municipio de Atrato.
“Al parecer, en noviembre de 2014 los procesados suscribieron varios contratos para la implementación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, cuyo objetivo era capacitar en la transformación de la madera a los habitantes de los municipios de Riosucio, Acandí, Quibdó, Carmen de Atrato, Tadó, Istmina, Bahía Solano y Juradó en el departamento de Chocó”, afirmó Andres Mauricio Cabrera, director de la Fiscalía Seccional Chocó.
En medio de la investigación la Policía Judicial evidenció que los investigados habrían, incluso autorizado los pagos sin que existieran estudios previos para la ejecución de los contratos y que los recursos fueron girados a cuentas de particulares, sin que se evidenciaran avances en las obras, pese a que tenían como fecha límite de ejecución a diciembre de 2019.
En este sentido Eduardo Antonio García Vega, entonces rector de la UTCH; Manuela Gómez Córdoba, extesorera; César Augusto García Pino, representante legal Consorcio Atrato; Yesid Emilio Aguilar Lemus, coordinador del proyecto maderero; y Ángel María Melo Chaverra, interventora de un contrato, fueron enviados a la cárcel.
Mientras Fredy Iván Paz Perea, tesorero de la UTCH; Alexander Palacios Mosquera, actual vicerrector administrativo de la UTCH; Lilia Mercedes Mena López, hoy jefe financiera de la UTCH; y Edinson Ledezma Ramírez supervisor del contrato, siguen vinculados al proceso, pero en libertad.