Luego de la revelación del escándalo de Odebrecht que salpicó a buena parte de los gobiernos latinoamericanos, Naciones Unidas estableció que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apoyaría a las autoridades del país para condenar a las personas relacionadas a la corrupción promovida por la constructora brasileña.

Los casos que manejó Iván Velásquez

El colombiano Iván Velásquez Gómez fue designado como cabeza de la CICIG en 2014 y su ‘mandato’ se extendió hasta 2019, durante este periodo se destacan varios casos:

El primero fue un caso de defraudación aduanera en el que se señalaron a 22 personas que hacían parte de la banda La Línea. Entre los involucrados estaba Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Luego fue un caso de Contratos anómalos que ejecutó la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con la empresa farmacéutica PISA. Gracias a ese contrato se brindaron servicios a pacientes que murieron por deficiencias en tratamientos de enfermedades renales.

Uno de los casos más llamativos fue por defraudación y tráfico de influencias que involucraba a exfuncionarios del gobierno de Otto Pérez Molina con las empresas de energía Zeta Gas y Jaguar Energy.

También se incluyeron otros casos de defraudación tributaria, delitos contra el ambiente, financiamiento electoral ilícito y la infiltración de la red mafiosa La Línea entre distintas instituciones estatales y que tocaba a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Los resultados

El trabajo conjunto de la CICIG y el Ministerio Público, en cabeza de Iván Velásquez y Thelma Aldana respectivamente, resultó en numerosas detenciones y condenas durante cinco años, entre las más destacadas está la condena de corrupción por el expresidente Otto Perez.

El exmandatario y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y defraudación tributaria, esto por su relación con el caso La Línea, el primer caso que atendió Iván Velásquez en Guatemala.

A estas condenas se sumaron otras más de al menos 7 exministros de Guatemala y varios diputados y empresarios, todos relacionados a casos de corrupción.

La salida de Velásquez

A principios del 2019 (el 7 de enero) el gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Jimmy Morales, finalizó unilateralmente el acuerdo que sostenía con Naciones Unidas para permitir el trabajo de la CICIG en el país.

Según Morales, la CICIG debía dejar de existir por su supuesta implicación en actos ilegales, abuso de poder y actuaciones en contra de la Constitución. Pese al rechazo de Naciones Unidas y de las Cortes de Guatemala, el mandatario siguió adelante con la decisión apoyado por el sector empresarial.

En línea con esta decisión, la subdirectora de Migración en ese entonces, Raquel María Vicente, emitió una carta en la que expulsaban a Iván Velásquez del país y se impedía su regreso a Guatemala.

El actual ministro de Defensa colombiano fue declarado persona non grata. Según el entonces mandatario, Velásquez estaba induciendo “a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad”.