Formulan cargos contra cuatro exfuncionarios de la Gobernación de Boyacá
La Procuraduría advierte de la presunta irregularidad en la compra de un lote por más de 1.518 millones de pesos, cuatro veces mayor de su valor real.
Procuraduría General de la Nación / Foto: Colprensa
Colombia
La Procuraduría General les formuló cargos a cuatro exfuncionarios de la Gobernación de Boyacá, por la presunta irregular compra de un lote por más de 1.518 millones de pesos, cuatro veces mayor de su valor real.
Según el Ministerio Público, la compra de dicho lote se realizó sin tener en cuenta que el terreno donde funcionaban proyectos de minería, estaba atravesado por una vía en el año 2015. En ese lugar se pretendía construir un parque científico, tecnológico y de innovación del sector Minero-Energético, en jurisdicción del municipio de Tópaga.
Los funcionarios a quienes se les formuló pliego de cargos son la exsecretaria de Hacienda y Delegada para la contratación de Boyacá, María Anayme Barón Durán; la directora de Planeación Territorial, Yanneth Álvarez Moreno; el secretario de Minas y Energía, Mario Orlando Niño Avendaño, y el funcionario de esa última Secretaría, el señor Luis Gerardo Pérez Villamarín; los cuales eran funcionarios en la época 2012 – 2015.
La investigación de la Procuraduría, da cuenta de la recomendación de usar un terreno de 32.200 metros cuadrados y elaborar un diseño preliminar de las instalaciones físicas, a lo cual la Gobernación contrató a un experto de Asolonjas para la elaboración del avalúo comercial, que dio como resultado un precio de 1.518 millones 200 mil pesos.
La compra del lote se efectuó al final del periodo gubernamental del 2015, comprometiendo recursos de la vigencia 2016, pero fue en 2017 que funcionarios de las Secretarías de Minas e Infraestructura, de la nueva administración encontraron las irregularidades de la existencia de la vía en medio del lote, la inundación del terreno, sumado a la vigencia de títulos para explotación minera.
Se conoció después que el valor real del lote no era de 1.518 millones sino de 427 millones. Por lo cual la Procuraduría resolvió que los funcionarios habrían incurrido en presunta falta disciplinaria en la participación de la etapa contractual, aprobando estudios previos y celebrando el contrato de compra.
