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Defensoría pide medidas contundentes para proteger a comunidad de Loma Grande

En la actualidad persisten los riesgos de afectación generados por la operación inadecuada del relleno sanitario Loma Grande, por parte de la empresa Urbaser.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en una reunión con la comunidad de Loma Grande.

Montería

Garantías para la protección al medio ambiente y de los derechos fundamentales de la comunidad de la vereda Loma Grande en Montería, Córdoba, pidió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, a las autoridades competentes.

La Defensoría del Pueblo evidenció que a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional que amparó en 2017 los derechos al ambiente sano, salud, vida digna, agua potable y la participación ambiental de todos los pobladores de Loma Grande, en la actualidad persisten los riesgos de afectación generados por la operación inadecuada del relleno sanitario Loma Grande.

“Desde hace dos años venimos acompañando a la comunidad de Loma Grande, quienes han denunciado la existencia de olores ofensivos, derrames de aguas lluvias con lixiviados sobre las vías de tránsito de la comunidad, además de vertimientos no controlados en las fincas aledañas sin permiso de la autoridad ambiental, además de vectores y la exposición a agentes nocivos”, destacó el Defensor del Pueblo.

Como parte del seguimiento, la Defensoría del Pueblo ha realizado visitas a la comunidad, al relleno sanitario y se han formulado más de 24 comunicaciones a la Alcaldía de Montería, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en las cuales se ha solicitado información y presentado recomendaciones para la protección de los derechos de las comunidades.

Además, frente a la contingencia presentada desde el mes de mayo por el derrame de aguas lluvias mezcladas con lixiviados, la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre la necesidad de realizar una investigación por el posible pasivo ambiental y las consecuencias en la salud pública.

“A pesar de nuestros esfuerzos, aún no se han tomado medidas significativas para proteger los derechos de las comunidades, por ello en la Defensoría del Pueblo mantendremos el acompañamiento a la comunidad el tiempo que sea necesario y hasta que se les garanticen sus derechos”, recalcó el Defensor de Pueblo.