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Seis de los diez departamentos amazónicos cuentan con entidades políticas indígenas

Esto lo determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe sobre el derecho a la libre determinación de pueblos indígenas en el continente.

Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en Popayán / Foto: Colprensa

Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó un informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el continente y su derecho a la libre determinación. En dos apartados habla sobre las comunidades tribales en nuestro país.

En el documento de 174 páginas, se comienza hablando sobre el monitoreo hemisférico por parte de la CIDH en el que abogan porque sigan los avances, pero da un preocupante panorama porque el 35% de varios pueblos aún no cuentan con el derecho a recursos naturales, culturales, formas de vida, ni organización o representación política.

En el primer capítulo de nuestro país, si bien aplaude que en seis departamentos ya hay establecidos territorios indígenas como entidades político administrativas amazónicas, la CIDH advierte que continúan los desafíos de inversión, por ende, ejecución de fondos, también enfatiza que persisten los pocos respetos y reconocimientos por parte del Estado en determinar quiénes son o no pueblos indígenas.

Por otro lado, en el capítulo sobre protección y seguridad, la Comisión toma a Colombia como ejemplo desde la perspectiva de las guardias Indígena y Cimarrona, reconociéndolas como estructuras fuertes de autoprotección que resguardan vivencias ancestrales e históricas.

La CIDH reconoce los trabajos con la Guardia Indígena del Cauca, pero le preocupan las situaciones de la Guardia Cimarrona del Palenke Alto Cauca y el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, porque viven en contextos de violencia, estigmatización, amenazas y asesinatos, provenientes de actores armados ilegales con intereses económicos sobre tierras y recursos naturales.

Por último, y tomando una visión del Pueblo Kokonuko de Colombia, la Comisión Interamericana sostiene que es deber del Estado de consultar a los pueblos indígenas para obtener consentimiento y restablecer relaciones bilaterales facilitando el desarrollo autodeterminado de sus comunidades.

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