El <b>Sistema de Alertas Tempranas</b> de la Defensoría del Pueblo —SAT— se encarga de identificar escenarios de vulneración de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en todas las poblaciones del territorio nacional.De esta manera las autoridades pueden avanzar con la gestión institucional del riesgo y coordinar acciones para superar la alerta. Vale la pena resaltar que desde el 2017 la <b>Defensoría del Pueblo ha emitido</b> 253 alteras tempranas en <b>326 municipios</b> de los 32 departamentos, así como en el Distrito Capital.Las alertas tempranas analizan la información a partir de estadísticas y diferentes indicadores para la elaboración de informes sobre la evolución de los riesgos en dichas comunidades. El seguimiento lo hace a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de las Alertas Tempranas, <b>CIPRAT</b>.Entre los factores que consideran las alertas se encuentran los desplazamientos, homicidios, amenazas a niños, niñas y adolescentes, violencia de género, al igual que amenazas a líderes sociales o defensores de derechos humanos.<b>Alerta de riesgo en Bucaramanga</b>A finales del 2021, la Defensoría emitió la alerta temprana para la capital del departamento de Santander y las zonas aledañas por la existencia de <b>economías ilegales</b> que ponían en riesgo los derechos humanos de la población.La medida permitió la estructuración de planes para la reducción de los escenarios de riesgo como señaló el alcalde, <b>Juan Carlos Cárdenas</b>.“La alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo es una herramienta muy importante para la detección, prevención de violación de derechos humanos, tanto para niños, jóvenes, y población vulnerable”, sostuvo el funcionario.Asimismo, detalló que están “muy coordinados para que realmente podamos avanzar y tener una ciudad de oportunidades para todos”.El defensor del pueblo, <b>Carlos Camargo Assis</b>, indicó que la emisión de la alerta temprana 028-21 para la ciudad y su área metropolitana se dio por la identificación de condiciones de riesgo por homicidios, violencia contra mujeres y amenazas a líderes sindicales, entre otros factores.