Internacional

Chile y la nueva Constitución 2022, ¿Cuáles son los cambios más importantes?

Más de 15 millones de chilenos decidirán si su país cambia o no la Constitución escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Papeleta que se utilizará en el plebiscito constitucional de Chile. Foto: Getty

La ciudadanía chilena está convocada a decidir el 4 de septiembre del 2022 si adopta la nueva Constitución escrita por la convención constitucional desde el 4 de julio del 2021 o si se sigue rigiendo por la carta política que se escribió en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El texto final de la nueva constitución tiene 11 capítulos que se dividen en 388 artículos y 57 normas transitorias por lo que, si es aprobada, será una de las constituciones más largas en el planeta. Estos son los principales puntos que trae la nueva constitución:

‘CAMBIO’ DE ESTADO

La nueva carta política establece que Chile es un “Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

Bajo ese cambio de definición de lo que es Chile como Estado, se indica que en sus obligaciones está proveer bienes y servicios que aseguren los derechos de todas las personas. En contraste, la constitución de 1980 indica que Chile “crea las condiciones sociales” para que las personas tengan acceso a sus derechos.

SE ACABA EL SENADO

La Constitución de 1980 establece que el Congreso chileno está dividido en Cámara de Diputados y Senado y se aclara que el Senado “perfecciona” el trabajo de los diputados. La nueva constitución elimina en Senado y crea dos cámaras: el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones.

En la nueva constitución se aclara que el Congreso de Diputados se encargará de legislar mientras que la Cámara de las regiones será un órgano “paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de leyes de acuerdo regional”.

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

La nueva constitución crea el derecho a una vivienda digna en el que el Estado tiene por obligación garantizar que la población tenga una vivienda con ubicación apropiada, espacio suficiente y servicios básicos. Con este aparte se regularán las viviendas sociales para evitar el hacinamiento.

Esta propuesta también se da para resolver la crisis de acceso a vivienda (sea como arriendo o como propiedad).

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Si bien en 2017 Chile despenalizó el aborto en tres causales, sigue enmarcado en la constitución de 1980 que establece que el Estado protege toda vida “que esté por nacer”. En contraste, la nueva constitución incluye el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, regulando el aborto como derecho.

NUEVO MODELO DE SALUD Y PENSIÓN

En cuanto a la salud, la nueva constitución crea un Sistema Nacional de Salud Universal “de carácter universal, público e integrado” con el que los privados complementarían el sistema de salud público y dejarían de recibir cotizaciones obligatorias. En cambio, la constitución de 1980 resalta que cada quien decide el sistema de salud del que quiera hacer parte (privado o estatal).

Sobre las pensiones, la nueva constitución propone un Sistema de Seguridad Social público que es financiado por trabajadores y empleadores mientras que la Constitución de 1980 señala que el Estado garantiza las prestaciones básicas que otorguen las instituciones pensionales públicas o privadas.

RECONOCIMIENTO INDÍGENA

El nuevo texto constitucional reconoce los derechos y autonomía de los pueblos originarios, dando garantías sobre sus tierras, espacios, cultura, salud, educación, creencias y lengua. Pese a este reconocimiento, se mantiene que Chile es un Estado “único e indivisible”. La Constitución de 1980 no se refiere a ningún pueblo indígena pese a ser el 12,8% de la población chilena.

NUEVOS DERECHOS

La nueva constitución reconoce a la naturaleza como objeto de derechos para impulsar la protección del medioambiente. Adicionalmente se establece que el agua es un recurso esencial para la vida por lo que se convierte en derecho su acceso y en deber la protección del agua en todo su ciclo, estados y fases por medio de la Agencia Nacional de Agua.

La nueva carta política reconoce que toda la ciudadanía tiene derecho a la educación y es un deber estatal garantizar su acceso. En este punto se garantiza la libertad de enseñanza permitiendo que los ‘apoderados’ decidan qué educación recibirá la persona a su cargo.

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