"Es inconstitucional y un abierto prevaricato": Duque sobre orden de arresto
El presidente Iván Duque aseguró que la decisión del Tribunal Superior de Ibagué violaría el fuero constitucional y no cuenta con soporte jurídico.
Colprensa (Camila Díaz)
Luego de que el Tribunal Superior de Ibagué ordenara la detención domiciliaria del presidente Iván Duque, por desacato a una orden de la Corte Suprema de Justicia, frente a la protección del Parque Natural Nacional de los Nevados, el propio mandatario se pronunció y consideró que esta medida es inconstitucional.
"No deja de parecerme algo paradójico. Este Gobierno ha tenido cultura de convervación de la biodiversidad, porque somos el segundo país más biodiverso del planeta. Sabemos acatar las órdenes judiciales cuando nos dicen que hay que proteger ciertos ecosistemas de Colombia. Como presidente, y con mis funcionarios, hemos ido trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de Los Nevados", aseguró Duque.
Incluso, el mandatario declaró que toda esa protección se ha estado reportando oportunamente. Por ello, calificó la decisión del Tribunal como un "acto inexplicable, porque quiere pasar por encima del fuero constitucional, donde supuestamente se ordena el arresto del presidente de la República, disque por no cumplir esa sentencia. Esa sentencia está más que cumplida, y los reportes están".
Además, dijo el Jefe de Estado que "la decisión no es solamente inconstitucional, sino que no está en firme. Es un abierto prevaricato. Esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial y el Ministerio Público actúen. Porque si hay algo de lo que me siento orgulloso es de proteger los ecosistemas de Colombia y su biodiversidad, en los foros nacionales e internacionales. Y no dejaremos de hacerlo".
Finalmente, concluyó Duque que "estaremos siempre listos y prestos a responder a todos los llamados, pero siempre dentro del orden constitucional. Estas decisiones, que además violan la Constitución, esperamos que sean observadas por todas las instancias, para que quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política, sin soporte jurídico".
La orden judicial también habla de imponer una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes al mandatario, con la claridad precisamente de que se mantendría en firme, "a menos que antes se acredite el cumplimiento de la orden tenida como cumplida".
