CESED: En Quibdó, la violencia urbana va más allá de la delincuencia común

El martes 5 y miércoles 6 de abril se reportaron fuertes balaceras en las calles de Quibdó que hasta el momento dejan dos personas asesinadas y una niña de 8 años con una herida de bala en una de sus piernas. Versiones preliminares indican que fueron enfrentamientos entre los grupos delincuenciales ‘Los Palmeños’ y ‘Los Mexicanos’.

La situación violenta se presenta luego de más de dos meses del anuncio del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre una intervención militar y policial en la capital chocoana para desmantelar esas estructuras ilegales que tendrían vínculos con grupos armados organizados como el ELN y el Clan del Golfo.

Se esperaba que unos 196 policías de operaciones especiales de antiexplosivos, de inteligencia y de judicialización comenzaran a operar en seis barrios con 25 puntos. Sin embargo, para los expertos en seguridad estas acciones no han sido suficientes.

María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga (CESED) de la Universidad de Los Andes, manifestó en Caracol Radio que la situación en Quibdó es muy compleja y similar a lo que está pasando en Tumaco y Buenaventura. “La violencia urbana va más allá de la delincuencia común”, indicó.

Vélez señaló que la violencia es parte de un “proyecto de control territorial con nexos a grupos armados que trascienden las fronteras locales” y, por eso, el Gobierno Nacional debe entender las dinámicas criminales en los barrios de Quibdó de estas organizaciones, como ‘Los Mexicanos’, ‘Los Kennedy’, ‘Los Palmeños’ y los reductos del Clan del Golfo, para determinar si hay una ‘gobernanza criminal’ y realizar intervenciones efectivas.

Justamente, el CESED elaboró un documento diagnóstico denominado ‘La distribución espacial del delito urbano en Quibdó, 2014-2019’, en la que se alerta que la violencia no disminuyó con la firma del acuerdo de paz en el 2016, por la presencia ahora del ELN y los ‘Urabeños’, que pasaron a ocupar esos espacios que dejaron las extintas FARC

Según el estudio, los principales factores que promueven el delito son la minería ilegal, el desplazamiento forzado, urbanización, pobreza, baja escolaridad, desempleo juvenil y la débil presencia del Estado.

El CESED reportó que el número de homicidios por población ha ido en aumento durante la última década. “En este periodo la ciudad tuvo un promedio semestral de 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una cifra casi tres veces superior al promedio nacional, ubicado en 15 homicidios por cada 100 mil personas”, señala el documento.

De hecho, la directora del CESED informó que entre el periodo 2014-2019 el 100% de los homicidios ocurren en el 23% de las manzanas de los barrios. “Este tipo de mapeos son muy importantes porque permiten focalizar las acciones. Por supuesto es necesario tener actualizada esta información, pues hay variación en el tiempo en las manzanas foco del delito”, indicó.

Por otro lado, Vélez dijo a Caracol Radio que el CESED está intentando actualmente realizar una encuesta de victimización con el sector empresarial, con una muestra aleatoria de las empresas vinculadas a la Cámara de Comercio del Chocó. Sin embargo, la situación es tan crítica que ha sido muy difícil recolectar la información por el temor que hay entre los empresarios de participar en dicho ejercicio.

“De las 400 empresas que intentamos encuestar, solo nos han contestado 100, después de muchas llamadas. Están muy preocupadas. Nuestros resultados preliminares sugieren que el 64% han sido víctimas de algún delito, la mayoría de extorsión que es la problemática que más agobia hoy a los habitantes de Quibdó”, dijo Vélez.

La directora del CESED enfatizó que las intervenciones deben ser inmediatas, pero también a largo plazo por parte del Gobierno Nacional, en apoyo a la alcaldía de Quibdó y a la Gobernación del Chocó. “Esto responde a una crisis de seguridad en las zonas rurales producto del control territorial de grupos armados. No son delitos comunes típicos de una ciudad, sino que estamos hablando de una situación sobre conflicto armado”, señaló.

Manifestó que el Gobierno debe priorizar la intervención social, específicamente con la población post penitenciaria y con reincidencia criminal. “Es necesario diseñar programas comunitarios para la prevención del delito y el reclutamiento forzado y construir un diagnóstico de sus causas. También, diseñar programas para jóvenes dentro y fuera del entorno escolar”, indicó Vélez, quien vio de manera perentoria invertir en infraestructura como cámaras de seguridad y alumbrado público.

Para Vélez, las políticas del Gobierno que combaten a la minería ilegal y el narcotráfico son fallidas. “La situación es muy crítica. Creo que no se han tomado decisiones estructurales en términos de inversión social a largo plazo”, concluyó.