Lago de Tota: Defensoría insiste a la Corte revisar tutela por plomo
Alerta de posibles afectaciones a la salud de los habitantes de seis municipios de Boyacá.
Lago de Tota.(Cortesía: Colprensa/Archivo)
La Defensoría del Pueblo realizó una solicitud de insistencia a la Corte Constitucional para que sea seleccionada para su estudio una tutela de la Procuraduría que exige a las autoridades tomar acciones y proteger al Lago de Tota, en Boyacá, ante la presencia de plomo que pone en riesgo la salud de los habitantes de seis municipios.
La Procuraduría presentó la tutela en el año 2020 con el fin de que se protejan los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a un ambiente sano y al agua potable de los habitantes de los municipios de Sogamoso, Aquitania, Tota, Cuitiva, Firavitoba, Iza y Nobsa.
En su momento, el Ministerio Público se basó en un informe de la Fiscalía General, el día 5 de noviembre de 2020, que daba cuenta de la presencia del metal pesado Plomo (Pb) en el lago de Tota, la fuente abastecedora de agua para consumo humano.
“El cual supera por encima de 95 veces los límites de tolerancia conforme 3382 de 2015 de Corpoboyacá, para aguas superficiales, poniendo en riesgo la salud y vida por factores de toxicidad”, indicó.
En primera instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso falló a favor de la tutela y declaró que el lago de Tota y su cuenca hidrográfica ostentan la calidad de sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente.
Sin embargo, en abril del 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo resolvió, en segunda instancia, revocar el fallo por improcedente.
Argumentó que la tutela no era el mecanismo idóneo para reclamar esos derechos, sino más bien el de desacato, porque ya se habían exigido en la sentencia de la Acción Popular del 10 de agosto de 2006 del Tribunal Administrativo de Boyacá.
“Nótese como a pesar de los esfuerzos y de acudir al aparato estatal, no se ha logrado, ni un pronunciamiento de fondo, ni mucho menos una solución a la problemática que expuso nuevamente la Fiscalía, por el contrario, cada día es evidente el irrespeto y afectación por los recursos naturales, con claro desconocimiento de los procesos que han amparado sus derechos”, insistió la Defensoría.
Alertó que la comunidad campesina que desarrolla actividades agrícolas, acuicultura y ganadería bovina permanecen afectados por la contaminación del lago de Tota y por eso considera que el caso reviste de una importancia constitucional.
“A juicio de esta Entidad, están en peligro inminente los derechos de las comunidades asentadas en esos municipios de Boyacá, y en general está en peligro inminente el ecosistema lagunar más grande del país que surte de agua a más de 300 mil personas, y se constituye como el 13.55% de la reserva de agua a nivel nacional, situación que no fue tomada en cuenta por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, la cual realizó un análisis puramente formal, dejando de lado la protección de derechos fundamentales, haciendo más gravosa la situación de los afectados, de la región y del país”, señaló.
