Procuraduría pide a la JEP abrir cuatro nuevos macro-casos
Los asuntos por investigar son Desaparición Forzada, Violencia Sexual-Violencia Basada en Género, Desplazamiento Forzado y Métodos y Medios de Guerra
La Procuraduría le pide a la Jurisdicción Especial para la Paz abrir 4 nuevos macro-casos.(Colprensa)
El documento de 128 páginas radicado por la Procuraduría delegada ante la JEP está dirigido a la Sala de Reconocimiento de Verdad. El Ministerio Público como representante de las víctimas está pidiendo la apertura de cuatros nuevos macro- casos los cuales serían:
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DESAPARICIÓN FORZADA
Según el Centro de Memoria Histórica, entre los años 1970 y 2015 se presentaron 60.630 casos de desaparición forzada.
Este delito constituye una vulneración continuada y permanente, por eso se califica como una grave violación a los derechos humanos, una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, un crimen internacional y un delito conforme con el ordenamiento nacional.
La Procuraduría pide este macro-caso para abarcar de una manera más específica el esclarecimiento de lo sucedido, incluyendo la posible existencia de patrones, planes o políticas; la judicialización de los máximos responsables, abarcando escenarios de actuación conjunta entre agentes estatales y particulares; la adopción de acciones judiciales que conlleven a la identificación de las estructuras que facilitaron la comisión del ilícito en cuestión de cara a su desarticulación.
VIOLENCIA SEXUAL-VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
El Acuerdo de Paz señaló que la JEP debía tomar en consideración la especial gravedad de las agresiones contra mujeres y personas LGBTI y dar énfasis a sus necesidades, atendiendo a los impactos desproporcionados y diferenciales que sufrieron en el marco del conflicto armado. La aplicación del enfoque de género busca garantizar la igualdad real y efectiva, reconociendo que las relaciones desiguales de género fueron instrumentalizadas, exacerbadas y acentuadas en el marco del conflicto armado.
Además, en los estándares internacionales la violencia sexual puede llegar a ser una forma de tortura. Las Organizaciones de Víctimas han presentado ante la JEP 37 informes en los cuales se encuentran relatos de hechos asociados a violencia basada en género y violencia sexual en el marco del conflicto armado.
DESPLAZAMIENTO FORZADO
El desplazamiento forzado supone una de las consecuencias más graves del conflicto armado en Colombia, no sólo por el grado y magnitud de victimización que ha generado, sino porque afecta todos los niveles del desarrollo social, cultural y económico de las víctimas y del país. El macro-caso sería fundamental para mostrar el carácter sistemático, masivo, prolongado ha tenido el delito de desplazamiento forzado en la sociedad colombiana. De acuerdo con cifras brindadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Colombia tiene 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado. Además, es una actividad que ha tenido continuidad por lo que resulta de vital importancia abordar en el tema incluso con la afectación a los menores de edad.
MÉTODOS Y MEDIOS DE GUERRA ILÍCITOS
El propósito del Derecho Internacional Humanitario es regular la guerra; establecer qué instrumentos y qué mecanismos pueden utilizarse al momento de llevar a cabo confrontaciones armadas. A partir de allí se han determinado medios y métodos prohibidos cuyo uso puede generar responsabilidad penal tanto a nivel nacional como internacional. Infortunadamente, dentro del conflicto armado colombiano los actores armados acudieron a medios y métodos de guerra prohibidos para obtener ventajas militares.
Dentro de ellos, pueden destacarse los actos de terrorismo, el uso ilícito de minas antipersonal y los daños medioambientales ocasionados como consecuencia de ataques desproporcionados o indiscriminados a infraestructura o bienes civiles. Lo anterior, sin perjuicio de otras formas ilícitas de hacer la guerra que puedan analizarse dentro de un macro-caso que aborde el asunto.
Las Farc, así como los otros actores armados que recurrieron a esta táctica de guerra, tenían distintas motivaciones. Dentro de ellas se encuentran el interés económico que los llevaba a saquear entidades financieras y otros establecimientos de comercio; hacer propaganda a favor de las organizaciones armadas; manifestarse en contra de políticas de gobierno; expandir la influencia guerrillera y el control territorial; controlar corredores de movilidad con diversas funciones; ejercer el control territorial; conmemorar fechas o enviar mensajes; y debilitar la institucionalidad del Estado.
Esos delitos, también son graves infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Para la Procuraduría, se está al frente de un universo de víctimas y victimarios que han sido plenamente identificados en los trámites de sometimiento que se surten en la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo que resulta de vital importancia que se abran estos nuevos cuatro macro-casos.
