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Tribuna

Una semana después

El discurso gubernamental se alejó de la autocrítica, como ya se ha vuelto costumbre

Empezó la noche del martes. Boca abajo sometido por dos agentes de la policía con descargas de pistolas taser una tras otra acabaron con la vida de Javier Ordóñez. La chispa se encendió. La vulneración de los derechos de un hombre se volvió en los de la ciudadanía que convirtió rápidamente la indignación en expresiones de violencia y destrucción.

El discurso gubernamental se alejó de la autocrítica, como ya se ha vuelto costumbre, y optó por la justificación con la misma frase “de vamos a investigar” como hicieron con Dilan Cruz, 17 años, o como cuando golpearon a muerte a Anderson Arboleda, de 19 años, en el Cauca.

Las tesis de que están provocando una desinstitucionalización quedó a la orden del día. A la noche siguiente, ya eran diez los muertos por las balas disparadas de ambos lados, pero muchas por matones con uniforme, a los que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, llama manzanas podridas porque se niega a reconocer que la caja se le está pudriendo.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aparece entonces haciéndole ver al Gobierno central sus culpas sin asumir las propias. Siendo la jefa de la policía de Bogotá, asume un discurso activista y no de gobernante. Pero su narrativa es empática con la ciudadanía. Comprende el dolor y se solidariza con las víctimas. Pero luego termina proponiendo un acto de reconciliación y perdón, y no desaprovecha la ausencia del primer mandatario para convertir el escenario del perdón en un acto político visibilizando la silla vacía dejada por Iván Duque.

Y al final de cuentas, la protesta ciudadana de noviembre volvió a las calles como si la pandemia que la obligó a guardarse no estuviera amenazante detrás de cada tapabocas. Las autoridades sacan del bolsillo la misma carta de siempre: que los vándalos obedecen a la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Como lo dijeron en noviembre, sin que hayan capturado a los dirigentes de la destrucción de estaciones de policía y de los servicios de transporte público.

Los líderes de la izquierda extrema como Gustavo Petro hábilmente aprovechan la anarquía para llamarla movimiento popular. Y los de la extrema derecha como María Fernanda Cabal acusan al expresidente Juan Manuel Santos de los desmanes. Plato servido para el ministro de Defensa quien culpa a las redes de la provocación y el desprestigio de la institución. Él y el comandante de la policía termina pidiendo perdón al verse acorralados por los hechos. Javier Ordóñez fue golpeado hasta matarlo. Tardía responsabilidad asumida. Ya la ciudad había sido incendiada.

Bien lo describe un artículo de este diario: La pandemia ha empoderado a las fuerzas armadas en América Latina. Los uniformados están ahora dedicados a solucionar riñas callejeras y a calmar borrachos, y no precisamente sin el uso de armas letales.

Una semana después, responsables todos, la alcaldesa y el Gobierno en cabeza del presidente y su ministro. Ambos enfrascados en sus posiciones opuestas alimentando sus propios discursos mientras la ciudad se les sale de control y las instituciones se deterioran sin respuestas a la ciudadanía. Y las protestas se degradan, como ha ocurrido en París, en Estados Unidos y en tantas partes donde los gritos no llegan a los oídos de los gobernantes y cuando las reacciones de los líderes politizan los problemas sin solución para los mismos.

Y mientras todo eso ocurre los entonces guerrilleros, ahora senadores, dan por fin un paso y empiezan a reconocer lo innegable. Lo hicieron con el secuestro por el cual han pedido perdón y el propio Timochenko asegura hoy que acabó descubriendo unas FARC que llegó a “odiar”. Ocurrió después de que Ingrid Betancourt les dijera desde su testimonio en la Comisión de la Verdad cómo ser víctima de la mentira, de la deformación de los hechos, fue devastador para ella y su familia, al tiempo que le recordó al Estado no olvidar el heroísmo de los soldados que la salvaron.

Por su parte, el Gobierno no hace lo necesario para traer a Colombia a los paramilitares extraditados en 2008, para que vengan a pagar por sus delitos y a decir la verdad, porque esa verdad les rompe el status quo, que les dio vida.

Lo que les interesa es que nada cambie porque si cambia, se les derrumba la lupa con la que ahora se atreven a decir que volvimos a la guerra por culpa de la paz, como hizo recientemente el alto comisionado de esa otra paz, Miguel Ceballos.

Estamos ante una estampida de líderes muy pequeños los que nos gobiernan cuando son incapaces de darnos lo único para lo cual son elegidos, algo de tranquilidad, de seguridad, de honor.

Hablan ahora de reformar a la policía, sin saber qué reformar. Sin entender que el verdadero poder de la policía no está en las armas para el control social. Que los derechos humanos no están rigiendo su conducta, y que visibilizarlo no es un insulto a la institución sino una defensa de la misma.

Sirve la inspección, sirven los protocolos de control de los uniformados, ¿cómo se hacen las pruebas de formación, si no obedecen al Gobierno local ni al nacional, a quién obedecen? Habría que empezar por responder esas preguntas, si queremos hablar de reformas y no ofender los policías decentes y sobre todo humildes que cuidan de los ciudadanos en tantos territorios de Colombia.

Por lo menos será la justicia ordinaria y no la penal la que juzgará a los policías responsables del asesinato de Javier Ordóñez. Mensaje claro a ver si entienden que matar no es un delito derivado de su oficio. Es salvar vidas lo único que se deriva de portar el uniforme.

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