Coronavirus

Procuraduría abriría investigaciones por demora de resultados de COVID-19

El procurador Fernando Carrillo alertó sobre las consecuencias disciplinarias por la demora en la entrega de más de 70 mil pruebas.

El procurador Fernando Carrillo manifestó que las demoras en la entrega de resultados de las pruebas de COVID-19 podrían tener “acciones de carácter disciplinario”.En entrevista con Caracol Radio el jefe del Ministerio Público dijo que hay que exigir el mayor esfuerzo a las Eps y los laboratorios. Señaló que las 70 mil pruebas que están represadas solo corresponden a los 18 departamentos que dieron información al respecto. Es decir, que el número de personas a los que no les ha llegado el resultado es mucho mayor.

 

Carrillo también señaló que la falta de control y manejo en las pruebas podría significar que el número de contagiados en el país es mayor al que reportan las entidades de salud. Manifestó que no es posible que, si los resultados se deben demorar máximo 72 horas, luego de más de tres meses de iniciada la emergencia, se estén tardando hasta 15 días en entregar el diagnostico de una persona. También dijo que persisten los problemas en la rotulación y embalaje de las pruebas de COVID-19.

El Procurador manifestó su preocupación sobre el manejo de los cuerpos que fallecen por coronavirus. Dijo que “No hay forma de manejar y gestionar el número de cadáveres que se están presentando (…) Hay muchos casos de verificación de cuerpos como no identificados. Hay otros identificados, pero no reclamados”. Exigió a alcaldes y gobernadores que se apersonen de la situación y establezcan medidas para el tratamiento de los cadáveres.

Carrillo también manifestó que avanzan en las investigaciones por contratación irregular. Añadió que el archivo de la investigación contra el alcalde de Popayán Juan Carlos López por omitir información de viaje a Miami que realizo 13 días antes de asistir a un evento en la Casa de Nariño, no flexibiliza las normas contra quienes incumplan las medidas de aseguramiento. Explicó que, por ser de los primeros procesos abiertos -antes de iniciar la cuarentena- no había reglamentación.Añadió que esa situación no abre la puerta a que los funcionarios que violen las medidas de aislamiento no sean sancionados.

 

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