Condenan a la Nación por no proteger a una familia de su vecino agresor
El Consejo de Estado lo condena por la incapacidad institucional para terminar con las agresiones del hombre.
Condenan a la Nación por no proteger a una familia de su vecino agresor(Colprensa / Archivo)
Una nueva condena tiene la Nación por cuenta de una decisión del Consejo de Estado, pero la condena es compartida con un ciudadano que también debe indemnizar con 100 salarios mínimos cada uno de los nueve integrantes de una familia.
La historia comenzó 1994 cuando Ignacio Muñoz* compró una finca llamada ‘El Paraíso’ ubicada en el corregimiento de Palmitas, en Medellín. Todo iba bien, pero al tiempo de haberse pasado con su familia, su vecino, Rafael Pérez*, empezó a amenazarlos y a adelantar varias acciones para afectarlos porque reclamaba unos linderos de ese predio.
El vecino por ejemplo, mantenía las aves de corral sueltas de modo que afectaran sus cultivos, incluso se reportó un incendio que afectó gravemente los cultivos de Muñoz, mientras los de Pérez poco sufrieron.
“Comportamiento que no puede pasarse por alto y que acorde al acervo probatorio permite a la Sala concluir sobre la antijuridicidad del daño, acompañado de la impotencia institucional para conjurarlo”, se lee en la sentencia.
Desde el principio Muñoz acudió a las autoridades, a la Fiscalía, a la Policía y a la alcaldía de Medellín y aunque se atendieron las denuncias las pocas órdenes que se dieron no se cumplieron y las agresiones no pararon, incluso para 1998 persistían. Por ello, para el Consejo la Nación tiene responsabilidad.
“El daño antijurídico considerado en esta decisión recae sobre la incapacidad institucional para contener las constantes agresiones y amenazas de que fueron objeto los demandantes”, se lee.
Dice el Consejo que ”a la par de los derechos y libertadas que consagra nuestra Carta Política, los particulares están obligados a cumplir con deberes que se relacionan con el respeto de los derechos ajenos y el no abuso de los propios, pero no solo eso, las autoridades están obligadas a garantizar que las reglas de convivencia se cumpla efectivamente”.
Por ello resolvió que a cada una de las personas de la familia se le deben reconocer 100 salarios mínimos para reparar los daños. Eso sí, el 50 % de la suma deberá pagarlos el vecino agresor, el 30 % la Fiscalía, el 10 % Medellín, y el 10 % la Policía Nacional.
*Sus nombres fueron cambiados
