Tras dos meses de crisis carcelaria, Defensoría advierte sobre factores de vulnerabilidad
De los 137 establecimientos carcelarias del país, 91 reportan insuficiencia de recurso humano para la atención en salud y 71 en disponibilidad de medicamentos.
(Colprensa/Archivo)
La Defensoría del Pueblo ha hecho seguimiento al desarrollo de la medida de emergencia carcelaria, anunciada el pasado 5 de mayo y oficializada mediante resolución del 10 del mismo mes.
Al cabo de dos meses y ocho días de su entrada en vigencia el organismo de control para los derechos humanos reconoce algunos avances importantes frente al diagnóstico que se había hecho, en el cual se evidenció que el 90% de las prisiones carecía de todo tipo de asistencia en salud para la población privada de la libertad.
Hoy 101 cárceles del país cuentan con red hospitalaria y 114 se han puesto al día respecto a la recolección de residuos hospitalarios.
Sin embargo, la situación en algunos aspectos sigue siendo preocupante y existen factores puntuales de vulnerabilidad para los derechos de los internos, como sucede con las solicitudes de servicios médicos represadas, que a la fecha alcanzan la cifra de 14.235.
No obstante la contratación de los prestadores, 91 establecimientos reportan insuficiencia al recurso humano y 71 en cuánto a la disponibilidad de medicamentos, hecho que se ve reflejado en cárceles como la de Sincelejo, donde hace ocho meses las personas que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH) no reciben tratamiento.
Actualmente, la cifra de pacientes oficialmente registrados en el sistema es de 9.752, 520 más que los reportados antes de la emergencia carcelaria a nivel nacional. De ellos, 4.218 padecen hipertensión arterial, 2.255 son siquiátricos, 1.090 han sido diagnosticados con diabetes, 640 con VIH y 104 con cáncer.
Las cifras de hacinamiento se mantienen estables en el 55 %.
Preocupa a la Defensoría del Pueblo que la crisis advertida a comienzos de este año en los establecimientos carcelarios se traslade y agudice en los centros de detención transitoria con las URI y estaciones de Policía.
“La medida que adopto el Gobierno Nacional y en particular el Inpec fue la declaratoria del estado de emergencia carcelaria, no es esa la medida que la Defensoría del Pueblo considera necesaria y adecuada, sino la declaratoria de un auténtico estado de excepción, es decir la emergencia social” dijo José Manuel Díaz defensor delegado para la política criminal.
Ante estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo tiene en curso una acción judicial encaminada a proteger los derechos de esta población, y seguirá vigilante al desarrollo de la emergencia carcelaria que aplica desde hace dos meses en el país.
