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AI pide justicia para víctimas del Palacio de Justicia

La CIDH escuchará el testimonio sobre el caso de doce víctimas de desaparición forzada.

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Amnistía Internacional (AI) recordó hoy que aún esperan que se haga justicia las víctimas de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, cuyos autores no han sido condenados por las desapariciones, torturas y violaciones de los derechos humanos acontecidas durante el violento asalto. La organización señaló en un comunicado que las víctimas del suceso, ocurrido hace 28 años, "aún siguen esperando justicia", en vísperas de la celebración los días 12 y 13 de noviembre de una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Brasilia. El 6 de noviembre de 1985, un comando del movimiento insurgente del M-19 tomó el Palacio de Justicia de Bogotá con el objetivo de que se enjuiciara al Gobierno del entonces presidente, Belisario Betancur, por incumplimiento de acuerdos previos de paz con esa organización. La violenta retoma de la sede de las máximas cortes judiciales colombianas por el Ejército y la Policía dejó más de un centenar de muertos, entre ellos más de una docena de magistrados y numerosos milicianos, además de decenas de heridos y al menos doce desaparecidos. La CIDH escuchará el testimonio de caso de ejecución extrajudicial y varios de tortura. AI apuntó que la lucha por llevar ante la Justicia a los culpables de este suceso ha sido "muy lenta" y sólo dos oficiales de alto rango han sido condenados, el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Según la organización, "la mayoría de los presuntos responsables de las desapariciones y otras violaciones de derechos humanos" cometidas durante el asalto "siguen evadiendo la Justicia". El pasado 6 de noviembre, cuando se cumplieron 28 años de la operación, se conoció que la Fiscalía General de Colombia investigará las acciones de ministros y altos mandos policiales del Gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) por estos sucesos. AI acusa al Gobierno colombiano de negar ayuda a las víctimas del asalto, por lo que "no les ha quedado otra opción" que acudir a la CIDH

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