Ley de Extinción de Dominio puede terminar premiando conductas ilícitas: contralora

Sandra Morelli cuestionó las razones que llevaron a plantear que se entreguen incentivos económicos a quienes cometieron conductas ilícitas.

La contralora General de la República, Sandra Morelli, presentó reparos al Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, cuestionando las razones que llevaron a plantear que se entreguen incentivos económicos a quienes cometieron conductas ilícitas

Afirmó que este tipo de incentivos por colaboración no pueden terminar premiando conductas ilícitas. “¿De dónde salieron los porcentajes del 3 al 6%?; ¿Hubo un estudio profundo para definirlos?”, se cuestionó a través de un comunicado

Señaló además que el 50 % de los dineros provenientes de los bienes extinguidos se destinarán a la Fiscalía, de manera que “¿Por qué no se incluyó un porcentaje con destino a los juzgados especializados de extinción de dominio?”

Planteó que los recursos provenientes de estos procesos se deberían destinar equitativamente cobijando a otras entidades que también participan en estos procesos, como los juzgados especializados

La Contraloría centro sus críticas en 4 aspectos fundamentales; en primer lugar sobre el porcentaje de los beneficios por colaboración para los investigados, “que no está fundamentado suficientemente y puede terminar premiando conductas ilícitas, además, no se conoce un sustento técnico del mismo”

Otro punto donde ve deficiencias es la eficiencia y los esquemas de control “que deberá tener la entidad que va a reemplazar a la DNE en la administración de los bienes”, esto para no repetir situaciones negativas del pasado

Además advirtió que la posible inequidad que se da con la asignación a la Fiscalía del 50 % del valor de los bienes incautados, “mientras no se incluye un porcentaje de dinero con destino a los juzgados especializados de extinción de dominio”

“La infraestructura adicional, correspondiente a la extinción de dominio, que tendrá la Fiscalía, con recursos por fuera del Presupuesto Nacional”, fue el cuarto aspecto que criticó Morelli

Sin embargo destacó la buena intención del proyecto “de reducir los términos para tramitar el proceso de extinción de dominio, de 7 años en promedio a 18 meses”.

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