Oenegés que apoyan restitución de tierras en Antioquia denuncian trámites entorpecedores

La Alianza de las ONG Redepaz, Tierra y Vida, Nuevo Arco Iris, Instituto Popular de Capacitación-IPC y Forjando Futuros enviaron una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, denunciando la creación de nuevos trámites para entorpecer los procesos de restitución de tierras en el país. Señalan que genera profunda preocupación la creación de nuevos trámites y requisitos para la restitución de las tierras, ya que según la Unidad Especial de Restitución de Tierras, se debe pedir autorización por escrito a los testaferros y usurpadores de los terrenos para hacer los levantamientos topográficos, necesarios como material probatorio en el proceso de reclamación. Advierten que este tipo de procedimientos atenta contra la inversión de la carga de la prueba, establecida como principio y garantía de la Ley. Manifiestan que los excesivos requisitos, trámites, procedimientos y los altos estándares probatorios exigidos hacen inocua e ineficaz la aplicación de la Ley e inviable la devolución de las tierras a los despojados. Señalan que, desde marzo del 2012 se instalaron dos juzgados especiales de tierras en Urabá y uno en Bajo Cauca y en estas dos subregiones de Antioquia tan solo se ha presentado una demanda por parte de la Unidad, por lo que estos despachos han tenido que dedicarse a otro tipo de trámites judiciales, desperdiciando el esfuerzo institucional en favor de las víctimas. Y agregan que hasta febrero de este año se han registrado a nivel nacional 34.000 reclamaciones de tierras en las oficinas del Gobierno y se han producido solo 24 sentencias por los Jueces de Tierras. Para puntualizar que a ese ritmo las metas del Gobierno Nacional en la restitución de tierras no se podrán alcanzar, por lo que insisten en la necesidad de un ajuste en la aplicación de la Ley que tome como rutas preferentes la restitución colectiva y la vía administrativa

Le dicen finalmente al señor presidente que, un viraje oportuno en la aplicación de la Ley es la única garantía de que las expectativas de las víctimas no se vean frustradas una vez más.