Indígenas y campesinos ocupan obras de polémica represa en Amazonía brasileña

Un grupo de indios y campesinos ocupó hoy el sitio de las obras de la polémica central hidroeléctrica de Belo Monte, un proyecto gigantesco impulsado por el Gobierno brasileño en la selva amazónica

El Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a la iglesia Católica, informó que la ocupación ha movilizado a 600 personas entre indios de 21 etnias, pescadores y vecinos de la ribera del río Xingú, el afluente del Amazonas donde se va a levantar la represa

Una fuente del consorcio Norte Energía, que aglutina a las empresas públicas y privadas que ejecutan el proyecto, dijo a Efe que las obras fueron ocupadas inicialmente por cerca de 100 manifestantes y aunque no pudo confirmar si ese número ha aumentado

Los manifestantes dijeron que han cortado la carretera nacional BR-230, conocida como la Transamazónica, en el municipio de Altamira (estado de Pará), y acamparon en las obras de la hidroeléctrica, con la pretensión de quedarse de forma "permanente", según un comunicado del Cimi

La principal reivindicación de los manifestantes es que el Gobierno envíe representantes para negociar "el fin de las obras" de Belo Monte

Las constructoras realizaron hoy una reunión de urgencia para definir una estrategia, negociar con los ocupantes y buscar "la mejor solución posible", según dijo una portavoz de Norte Energía

Belo Monte, con un coste estimado de 10.600 millones de dólares, comenzó a construirse el pasado marzo en Altamira y, según el proyecto, inundará 516 kilómetros de selva y desplazará a 50.000 habitantes de la región

La central será la tercera mayor del mundo, después de Tres Gargantas (China) e Itaipú (Brasil y Paraguay), con una potencia máxima de 11.233 megavatios

La justicia brasileña tiene abiertas doce causas en contra del proyecto. Este miércoles un tribunal federal suspendió por segunda vez un juicio en el que se estudia si el Gobierno consultó previa y debidamente a los indígenas afectados

La obra es objeto de un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que determinó su suspensión inmediata por los daños irreparables en la región amazónica

El Gobierno brasileño rechazó enviar un representante a la audiencia de este miércoles en la CIDH, donde las ONG y los movimientos indígenas brasileños denunciaron la violación de los derechos humanos por parte del gabinete de Dilma Rousseff, al que acusan de mantener una "actitud vergonzosa" contra ellos.