Acusan a consultor de robar un millón de dólares al alcalde de Nueva York
La Fiscalía del distrito de Manhattan acusa a John Haggerty de apropiarse de forma ilegal de alrededor de 1,1 millones de dólares.
Un consultor político fue acusado hoy de robar más de un millón de dólares de los fondos con que contaba Michael Bloomberg, el hombre más rico de Nueva York, para financiar la campaña política que le permitió ser reelegido alcalde de la ciudad
La Fiscalía del distrito de Manhattan, dirigida por Cyrus Vance, acusa a John Haggerty, un reconocido asesor republicano del barrio neoyorquino de Queens, y a su empresa Special Election Operations de apropiarse de forma ilegal de alrededor de 1,1 millones de dólares
La Fiscalía explicó en un comunicado de prensa que Haggerty, de 41 años, que trabajaba como voluntario para la campaña electoral de Bloomberg en 2009, propuso a representantes del alcalde que le aportaran esos fondos para proteger las papeletas y seguir de cerca la marcha de las votaciones a través de una agrupación política que apoyaba al alcalde
Los representantes de Bloomberg aprobaron la asignación de ese dinero pero la investigación determinó que ni Haggerty ni su empresa hicieron tales gastos y que la formación política implicada destinó menos de 32.000 dólares a esas partidas, según la Fiscalía
"Este es un caso de robo y avaricia, pero tiene que ver también con la transparencia y la integridad del proceso electoral", manifestó el fiscal Vance
Según la acusación, la empresa de Haggerty que supuestamente iba a encargarse de tales actividades el día de las elecciones, fue creada el 3 de diciembre de 2009, un mes después de los comicios y ocho días después, recibió una transferencia de 750.000 dólares de la agrupación política
Con posterioridad, Haggerty usó alrededor de 600.000 dólares de esos fondos para adquirir una vivienda y mostró a representantes de Bloomberg facturas falsas, con el objetivo de camuflar el uso real de los fondos, según la Fiscalía
Haggerty y su empresa están acusados de hurto mayor (que implica una pena de hasta 25 años de prisión), lavado de dinero y falsificación de documentos, y la Fiscalía también reclama a los acusados la devolución de 1,1 millones de dólares y de la vivienda adquirida con parte de los fondos sustraídos.
