Misterio de un sobreprecio

Al Secretario de Educación de Bogotá, acusado con delicados cargos por corrupción, le han salido unos defensores de oficio desde los medios de comunicación que le están haciendo la vida más amable de lo que su situación merece: la Fiscalía pidió su detención domiciliaria y la Contraloría ordenó el embargo de sus cuentas personales

Él, Abel Rodríguez, está muy enredado y no ha podido explicar por qué sacó adelante un negocio en el que fueron falsificados dos avalúos para elevar nueve veces el valor de un predio en Ciudad Bolívar. El lote se llama El Clavel y el proceso de su compra (supuestamente para hacer allí un colegio) es, por lo menos, una chambonada sospechosa que merece una investigación seria

Pero no. Como Abel es un activo militante del Polo Democrático, antiguo dirigente sindical, toda acusación en su contra, dicen sus defensores, es orquestada desde el Uribismo o desde la derecha que quiere aniquilar la democracia

A mí, con el perdón de muy queridos amigos, me parece esa una tesis superficial y peligrosa. Convierte a la justicia en un comodín que uno acepta o rechaza dependiendo de quien es el acusado o el acusador. Abel Rodríguez, en este caso, debería mostrar pruebas serias y evitar la carta de la victimización política, táctica que a mí, venga de donde venga, siempre me suena a disculpa mitad cínica mitad infantil

Veamos qué es lo que el Secretario no ha explicado: -primero, por qué compró un lote para un colegio que no tiene y no puede tener servicio de alcantarillado-segundo, por qué compraron un terreno desproporcionado para una escuela (más de cinco hectáreas) si a lo largo del proceso se ha demostrado que la demanda del sector apenas llega a 1.500 niños, no a 3.600 como dijeron al principio

-tercero, por qué a lo largo del negocio se tramitaron cinco vistos buenos, y nadie vio ninguna irregularidad ni detectó que dos documentos, uno que cambio el precio y otro que modificó el metraje, eran evidentes falsificaciones de conceptos emitidos por la Lonja que hizo los avalúos

-cuarto, por qué funcionarios tan acuciosos recomendaron verbalmente el negocio y nunca quedó documento de respaldo. ¿Sería una coincidencia, pregunto, que días antes el mismo lote valía 180 millones de pesos, y después de una diligencia oficial el precio se trepó a 1.491 millones? Podría seguir con otras preguntas, pero quiero detenerme en un argumento que importantes columnistas han utilizado para defenderlo. Que ellos, en la Secretaría de Educación “denunciaron oportunamente el entuerto”, dice Ramiro Bejarano en El Espectador. “Abel Rodríguez y su director administrativo descubrieron la trampa y la denunciaron ante la Fiscalía y otras autoridades”, afirma Claudia López en El Tiempo. Y en la misma línea apuntan Daniel Samper, Lucho Garzón y Gustavo Petro. Debo decir que ello no es cierto, y que como argumento es apenas una verdad a medias. Efectivamente Rodríguez presentó una denuncia ante la Fiscalía el 23 de agosto del año 2007, pero también lo es que un mes antes la Personería Distrital lo había notificado de la investigación por el mismo fraude. Lo que hizo el Secretario, que era su obligación y no un gesto de transparencia, fue remitir el caso al terreno penal, ante la gravedad de hechos que ya conocía otra autoridad

Yo no sé si el señor Rodríguez habrá participado en la estafa, que es un tema que decidirán los jueces. Lo que sí espero es que ante el olor nauseabundo del caso no se recurra a la descalificación de las acusaciones o de los acusadores, porque esa es la peor manera de esconder la corrupción

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