Reparación a las víctimas de la violencia no puede ser selectiva: Naciones Unidas

Las Naciones Unidas le pidieron al gobierno que no haga distinciones en torno al concepto de 'víctimas' susceptibles de ser reparadas y que se acoja a los preceptos internacionales sobre las graves violaciones a los derechos humanos y las serias infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En carta del coordinador residente y Humanitario del Sistema de Naciones Unidas, Bruno Moro, al viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, se expresa que en el proyecto de ley por el cual 'se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia', no puede excluirse de los beneficios a quienes son víctimas de agentes del Estado. "Los estándares internacionales definen la calidad de víctima por la violación del derecho, independientemente de la calidad del victimario, incluyendo por tanto a las vícitmas de agentes del Estado, y a aquellas de organizaciones armadas ilegales. Los principios internacionales no admiten excluir a ninguna categoría de víctimas", expresa la carta de Moro. El representante de Naciones Unidas hace referencia a las objeciones que ha hecho el gobierno en torno al proyecto, que ya recibió dos debates en el Senado, y está pendiente del tercero en la comisión Primera de la Cámara. El gobierno ha pedido excluir del concepto de reparación a quienes de una u otra manera han sido víctimas de sectores gubernamentales, comprometidos en actos delictivos contra los derechos humanos y de paso ha pedido que algunos de los programas se adelanten bajo el concepto no de reparación sino de ayuda humanitaria. Según Moro, el establecimiento de programas de reparación se sustenta en la responsabilidad del Estado, pero esa responsabilidad no es de carácter penal ni consecuencia de actos de sus agentes. Se trata del deber de garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, "consistente en organizar el aparato del estado de manera tal que las víctimas de graves violaciones de sus derechos puedan acceder a reparacionesprontas y eficaces". Naciones Unidas insiste en que los programas de reparación, como los contemplados en el proyecto de ley, deben ser elaborados como parte de una política deliberada de reconocimiento de los derechos de las víctimas, procurando evitar confundirlos con la ayuda humanitaria o la lucha contra la pobreza.