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España garantiza a los países latinoamericanos que no variará su política de inmigración

La directiva "no es para endurecer" la legislación, sino para salvaguardar los derechos de los inmigrantes que van a ser repatriados.

El Gobierno español garantizó hoy a los embajadores de los países latinoamericanos que no variará su política respecto a la inmigración y que la directiva europea de retorno no va a afectar a la legislación que hay en vigor. Este fue el mensaje que los secretarios de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, y para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, trasladaron hoy a los representantes diplomáticos en la reunión mantenida en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ante la alarma suscitada en algunos países, López Garrido y Jiménez explicaron a los diplomáticos latinoamericanos que la directiva aprobada por el Parlamento Europeo el pasado día 18 tiene como objetivo armonizar las condiciones de retención y expulsión de los inmigrantes irregulares y reforzar las garantías de sus derechos. La norma establece, entre otros puntos, que los inmigrantes indocumentados pueden ser retenidos hasta un período máximo de dieciocho meses mientras se tramita su repatriación. También recoge que los expulsados no podrán volver a entrar en la UE en cinco años y que la devolución de un menor deberá hacerse con la aceptación de algún familiar o tutor. Según Jiménez, las medidas de la directiva, que entrará en vigor en 2010, no van a afectar a las reglas ya vigentes en España. El único punto que se transpondrá a la legislación española es el relativo al ejercicio de los derechos de manifestación, asociación y reunión de los inmigrantes, después de que lo avalara el Tribunal Constitucional el pasado mes de noviembre, según manifestó. Jiménez hizo hincapié en que todos los inmigrantes que ya están en España o los que puedan venir mantendrán los mismos derechos y deberes que el resto de ciudadanos. Jiménez recordó que la ley española ya regula el retorno de los indocumentados y que no hay previsión por ahora de variar el plazo máximo de internamiento de cuarenta días. Admitió que el Gobierno reflexionando sobre la posibilidad de elevar el plazo a sesenta días, pero precisó que este cambio "no es una consecuencia directa" de la norma de la UE, sino una garantía para poder completar los procesos de expulsión. López Garrido señaló que la directiva "no es para endurecer" la legislación, sino para salvaguardar los derechos de los inmigrantes que van a ser repatriados. "Los embajadores lo han comprendido y se han tranquilizado", dijo el secretario de Estado. A la cita acudieron todos los embajadores citados, salvo tres -Bolivia, Cuba y Panamá-, que han contado con otros representantes diplomáticos.

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