Hasta con ocho millones de pesos serán sancionados los infieles
Así lo plantea un proyecto de ley que comenzó su transitó en primer debate en la Comisión Primera del Senado, argumentando que ante todo se busca defender el hogar
Así lo plantea un proyecto de ley que comenzó su transitó en primer debate en la Comisión Primera del Senado y que fue presentado por el senador boyacense Edgar Espíndola Niño alegando que ante todo se busca defender el hogar como núcleo fundamental de la sociedad. Explicò que se trata de una sanciòn pecuniaria que puede ascender hasta por ocho millones de pesos, para aplicar en cualquier caso bien sea un hombre o una mujer cuya demanda se entabla ante las comisarias de familia. Expresò que la norma es para matrimonios legalmente constituidos, y como se trata de un contrato quien incumpla puede ser demandado, pero que queda como salida una conciliación para evitar las sanciones que establece la ley. "Es preocupante para el país ver cómo se incrementa cada día la desintegración familiar, afectando primordialmente a los niños, adolescentes y jóvenes, quienes por circunstancias ajenas a su voluntad deben vivir sólo con uno de sus padres y en el peor de los casos solos. Siendo una de las principales causas de separación la infidelidad." dijjo Espíndola . Recordò que la La Constitución Política de Colombia en su artículo 43 dice lo siguiente: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución , en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.



