El Convenio de la Seguridad Social es el principal acuerdo de la cumbre

El Convenio Multilateral de Seguridad Social, del que podrán beneficiarse seis millones de inmigrantes, es el principal acuerdo que adoptaron los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países iberoamericanos.
El acuerdo permitirá que los trabajadores del área iberoamericana podrán sumar en el momento de su jubilación todas las cotizaciones efectuadas a lo largo de su vida laboral aunque haya transcurrido en diferentes países.
En la actualidad, América Latina tiene seis millones de inmigrantes repartidos en distintos países iberoamericanos, muchos de ellos en España.
El convenio será aplicado a toda la legislación relativa a las ramas de seguridad social relacionadas con las prestaciones económicas de invalidez; las prestaciones económicas de vejez; las de supervivencia y las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Las prestaciones médicas previstas en las legislaciones de los Estados firmantes "quedan excluidas".
El convenio establece, entre otras disposiciones, que se revalorizarán las pensiones afectadas por este Convenio "si, como consecuencia del aumento del costo de la vida, de la variación del nivel de ingresos u otros motivos de adaptación, la legislación de un Estado Parte revaloriza o actualiza las prestaciones, aplicando una nueva cuantía o porcentaje".
"Esa revalorización o actualización deberá aplicarse directamente a las prestaciones causadas" al amparo del Convenio.
El texto especifica que "tendrá plena aplicación en todos aquellos casos en que no existan convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social vigentes" entre Estados firmantes del mismo.
En estos casos, "se aplicarán las disposiciones que resulten más favorables al beneficiario".
Las personas a las que se aplique el Convenio "estarán sujetas exclusivamente a la legislación de seguridad social del estado Parte en cuyo territorio ejerzan una actividad que dé lugar a su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha legislación", aunque este apartado tiene algunas excepciones para casos específicos.
El texto fija una serie de mecanismos, entre otros quién podrá realizar los exámenes médico-periciales para establecer el derecho a acceder o mantener algunas prestaciones de seguridad social, y señala que "podrán ser efectuados en cualquier otro Estado Parte por la Institución del lugar de residencia del solicitante o del beneficiario de las prestaciones".
Para su entrada en vigor, el Convenio tendrá que ser ratificado por los países firmantes por el procedimiento que establezca su legislación, bien en aprobación parlamentaria o por el Gobierno.
Según fuentes españolas, la Secretaria General Iberoamericana ha propuesto un proyecto para facilitar la entrada en vigor, aplicación y difusión del Convenio, que tiene el apoyo de España, México y Chile, con una duración de tres años y un coste estimado en unos 459.000 euros (668.461 dólares), de los cuales España aportaría 240.000 euros (349.500 dólares).
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social calcula que hasta un millón de trabajadores de América Latina que residen en España se beneficiarán del acuerdo, calificado de "histórico" por Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano