Crisis política en Ecuador: consulta popular de Palacio abre pugna entre el Ejecutivo y el Congreso

El Congreso de Ecuador ha rechazado el referendo convocado por el presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, para instaurar una Asamblea Constituyente, y ha amenazado con un juicio político contra el mandatario si persiste en su proyecto.
Palacio pidió el jueves al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ponga en marcha la consulta popular para el 22 de enero, con el temor de que ese organismo, controlado por los partidos que tienen representación en el Congreso, se inhiba, como ya lo hizo en octubre pasado.
Por su parte, el Congreso negó anoche, con el apoyo de 67 diputados, de los cien que forman la Cámara, el carácter "urgente" del trámite de la consulta, en un intento anterior del Gobierno por conciliar con el Legislativo su propuesta de referendo.
La oposición, al conocer que el presidente Palacio había convocado nuevamente al referéndum, sin pasar por el filtro del Congreso, resolvió rechazar esa "maniobra del Gobierno".
La mayoría parlamentaria acusó a Palacio de "atentar contra la seguridad del Estado", pues teme que tras la convocatoria hecha por el Gobierno la población dirija sus protestas contra el Congreso, que se opone a esa iniciativa.
El Parlamento es una de las instituciones más desprestigiadas del país, según las encuestas, que además advierten de que la mayoría de ecuatorianos quiere la Constituyente.
Los legisladores de la oposición denuncian la supuesta "intención dictatorial" de Palacio de aprovechar la Constituyente para "alargar su mandato", y "echar al piso" las elecciones presidenciales previstas para octubre próximo, extremo que niega el Ejecutivo.
Como respuesta a la sorpresiva nueva convocatoria del Gobierno, la oposición parlamentaria advirtió a los vocales del Tribunal Supremo Electoral de que si acogen la propuesta de Palacio, incurrirán en una "flagrante violación" de la Constitución y podrían ser sancionados por la Cámara.
Incluso el diputado socialdemócrata Guillermo Haro denunció que el Gobierno supuestamente habría intentado comprar las conciencias de varios legisladores, para mermar fuerza a la mayoría opositora.
El congresista Jorge Sánchez aseguró a EFE que la propuesta del Gobierno viola varios preceptos constitucionales y teme que esa iniciativa genere "caos y anarquía" en el país.
El Ejecutivo, por su parte, asegura que la Constitución le faculta para convocar a un referendo sobre asuntos de trascendental importancia para el país.
Palacio aseguró que Ecuador necesita cambiar el "Estado caduco" que tiene actualmente y remarcó que, para conseguir esas transformaciones, se necesita un "gran acuerdo nacional que cambie la correlación de fuerzas" políticas internas.
"El Gobierno pone en manos del pueblo ecuatoriano esta herramienta fundamental, la Asamblea Constituyente", para crear una nueva Carta Magna y recuperar el Estado de derecho, que la población exigió, sobre todo en Quito, en abril pasado, subrayó Palacio.
En ese mes, miles de quiteños salieron a las calles para exigir la salida del poder del entonces presidente Lucio Gutiérrez, a quien tildaron de dictador.
El 20 de abril, en medio de un ambiente caótico en la capital, el Congreso destituyó a Gutiérrez y encargó el poder a Palacio, que era el vicepresidente de la República, lo que diluyó las protestas.
Sin embargo, las organizaciones sociales que participaron en esas manifestaciones aún exigen "que se vayan todos" los políticos, especialmente los diputados, y por eso apoyan la Constituyente que tendría el poder para destituir al Congreso e incluso al Ejecutivo.
El presidente Palacio ha asegurado que pondrá a disposición de la Asamblea su cargo, mientras que los congresistas mantienen que la Constituyente sólo profundizará los problemas que agobian a la nación.
Los parlamentarios suspendieron sus vacaciones de diciembre, y se reunirán el próximo miércoles para analizar la situación y definir "qué hacer".