La Fiscalía de Venezuela acusará de homicidio a ex policías no asilados por El Salvador

Caracas - La Fiscalía general de Venezuela indicó el viernes que este, sábado, acusará de "presunto homicidio" y pedirá prisión preventiva para dos ex policías a los que El Salvador no concedió el asilo político que solicitaron en su sede diplomática.
A los ex jefes de policía Henry Vivas y Lázaro Forero se les imputará "por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de concurso ideal y lesiones personales", señaló la Fiscalía en un comunicado.
Vivas y Forero dirigían la Policía Metropolitana, el cuerpo armado más poderoso de Venezuela después de los militares, durante el golpe de Estado del de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez.
Las imputaciones de la Fiscalía están relacionadas con las 19 muertes que precedieron al golpe, el 11 de abril, y con unas 50 que se registraron, el 12 de abril, durante el breve lapso en el que Chávez estuvo derrocado y se autoproclamó presidente el empresario Pedro Carmona.
Una vez que el gobierno salvadoreño anunció que no concedería el asilo, Vivas y Forero fueron trasladados por la Guardia Nacional (GN, policía militarizada) a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la policía judicial, bajo fuertes medidas de seguridad.
Su entrega a las autoridades se realizó con la presencia de representantes diplomáticos de Argentina, Costa Rica y México, que actuaron como "garantes" de un acta suscrita por El Salvador y Venezuela en la que se garantiza el respeto de los derechos humanos y un juicio justo para ambos.
La televisión mostró imágenes que confirmaron la presencia de los "garantes internacionales" en el acto de firma del documento.
Una nota emitida a través de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) denunció que las medidas de seguridad impidieron que algunos organismos humanitarios también estuviesen presentes, como era su deseo.
Los ex policías metropolitanos entraron en la sede diplomática salvadoreña de Caracas el pasado 26 de noviembre y solicitaron el asilo con el alegato de que eran "perseguidos" por el gobierno y estaban "amenazados de muerte".
Para entonces la Fiscalía venezolana ya había ordenado la detención de ambos jefes luego de que no asistieron a dos de sus citaciones para declarar en calidad de "testigos" en la investigación del golpe de 2002.