OEA la ve grave en Venezuela

CARACAS.--- La rebelión militar en la plaza Altamira de Caracas cumple un mes este viernes respaldada por la llamada a una huelga general indefinida, que arrincona los esfuerzos del secretario general de la OEA, Cesar Gaviria, para busca una salida electoral a la crisis venezolana.
El pasado 22 de octubre un grupo de 14 altos mandos de la Fuerza Armada Nacional (FAN), varios de ellos vinculados al golpe de Estado del 11 de abril, llamaron a la "insurrección civil y militar" y tomaron la Plaza Altamira, en el este de Caracas, para forzar la destitución del presidente Hugo Chávez.
Con el paso de los días, y respaldados por grupos de civiles, los cerca de un centenar de militares que se han declarado en "desobediencia civil" en ese lugar, han recibido el incondicional apoyo de la oposición, agrupada en la Coordinadora Democrática.
La semana pasada, los rebeldes y la Coordinadora firmaron un pacto de intenciones para aunar objetivos, acto considerado "golpista" por el Gobierno.
La acción de los insurrectos recibirá hoy un nuevo impulso de la alianza opositora, que anunciará la convocatoria de una huelga general indefinida a partir del 25 de noviembre, según informaron portavoces de la Coordinadora.
Empezar la huelga el lunes supone un cambio de posición en la Coordinadora, después de haber asegurado que sólo la convocaría si el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazaba su petición de referéndum consultivo sobre la continuidad de Chávez, o si tal posibilidad era relegada de las negociaciones que dirige Gaviria.
Hasta ahora, el CNE no ha puesto obstáculos para la realización de la consulta y tampoco el máximo representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha planteado objeciones al referéndum.
Gaviria también representa al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al Centro Carter (CC), que conforman, junto a la OEA, la comisión tripartita internacional mediadora en el conflicto venezolano.
El cambio de estrategia de la Coordinadora se produjo tras el llamamiento del pasado lunes a no postergar la huelga por parte de los militares de Altamira, ninguno de ellos con mando sobre tropas.
Carlos Ortega, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y miembro de la Coordinadora, recogió ayer miércoles la exigencia de los oficiales rebeldes, de quienes dijo comprender "su desesperación e impaciencia".
El líder sindical planteó la necesidad inmediata de la huelga, y también pidió a los militares fieles a la Constitución un "pronunciamiento" favorable a la paralización del país y a la salida de Chávez.
A finales de octubre, los jefes de las principales unidades armadas del país declararon públicamente su respeto a la Constitución y su voluntad de permanecer fieles a las autoridades elegidas democráticamente.
El secretario general de la OEA, quien tampoco avaló a los oficiales rebeldes, afirmó que su actitud era "símbolo de alzamiento, insurrección e indisciplina", y les recomendó quitarse el uniforme si deseaban hacer carrera política.
Sobre el trabajo de Gaviria para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana, Ortega manifestó que las negociaciones se habían convertido en una "trampa" para los representantes de la Coordinadora.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el oficialista William Lara indicó hoy que "la inmensa mayoría de los venezolanos desea resolver los problemas en paz, a través del diálogo, y por ello ha dado un amplísimo respaldo a la gestión del secretario general de la OEA".
"Es lamentable que en el marco de un proceso democrático para tomar decisiones, una de las partes adopte una medida golpista que en nada beneficia a los venezolanos. Rechazamos esa huelga porque tiene como fin oculto provocar hechos de sangre, como en abril", señaló Lara.
El golpe de estado de abril, en el que perdieron la vida unas 60 personas, fue precedido de una huelga general indefinida convocada por los mismos sectores que forman la Coordinadora Democrática.
El gobierno ha dicho que no le teme a la huelga y ha pronosticado el fracaso porque no tendrá el respaldo de los sectores que representan el 80 por ciento del PIB, como el petrolero, o el del acero y el aluminio, entre otros.