Los cooperantes españoles deportados afirman que eran "testigos incómodos"

GIJON.--- Los ciudadanos españoles Daniel Busto y Ana Andrés, deportados de Colombia por una "violación flagrante de la soberanía nacional", dijeron al llegar a España que su caso se debe a que han sido "testigos incómodos de las violaciones a los derechos humanos" en ese país.
Busto y Andrés, que entraron en Colombia el 27 de agosto pasado con visas de turistas como miembros de la ONG Soldepaz Pachakuti, calificaron de "secuestro" su detención por la Armada colombiana, el pasado domingo en la población de El Chalán, en el departamento norteño de Sucre.
Los cooperantes rechazaron el argumento del Gobierno colombiano de que estaban en una zona no permitida para turistas, al afirmar que esa normativa fue aprobada con posterioridad a que ellos entraran en El Chalán, donde fueron arrestados.
Según las autoridades de Colombia, esa población está situada en una "zona considerada de orden público o zona roja, porque allí delinquen diferentes grupos armados al margen de la ley, especialmente guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)".
Los dos españoles fueron detenidos cuando, según las autoridades, participaban en los preparativos de una jornada de protesta que se celebró el lunes e "instigaban" a los campesinos a "bloquear carreteras".
Según relataron hoy Busto y Andrés en la ciudad asturiana de Gijón, ambos llegaron a El Chalán en tractor porque las carreteras estaban cortadas por el Ejército el pasado sábado y se presentaron a un retén de guardia que les notificó que podían entrar pero que no los iban a dejar salir.
El domingo a las siete de la mañana, después de pernoctar en la casa cural, se presentaron al jefe de la unidad para comunicarle su intención de abandonar el poblado ese mismo día y, en ese momento, fueron detenidos.
Después de permanecer 14 horas rodeados por cinco soldados al pie de un árbol, "incomunicados y sin comida", fueron trasladados en un helicóptero hasta una base militar en Sincelejo, capital del departamento de Sucre y desde allí a dependencias del DAS, (servicios de inteligencia colombianos).
Distintas personas les sometieron a un "duro interrogatorio" que fue "más blando" después de que se recibiera una llamada de la Embajada de España en Bogotá interesándose por los detenidos.
Según el relato de los deportados, en ningún momento se les informó de los cargos que se les imputaban y no se les permitió el asesoramiento de una abogada de una organización agraria que se personó en el cuartel.
Las gestiones de las autoridades españolas derivaron en un nuevo traslado hacia Montería, donde se encontraron con un representante de la Embajada, y desde allí hasta la sede de la DAS, en Bogotá, para nuevos interrogatorios.
Ana Andrés afirmó que en Bogotá fueron alojados en un hotel ubicado frente al edificio del DAS donde les cobraron una suma que supone "un robo" en Colombia.
La joven anunció que reclamará al presidente de Colombia, Alvaro Uribe, el pago de esa factura y una visa de cooperante para regresar a Colombia con el propósito de agotar su período de vacaciones, que terminaba el 27 de este mes.
El Gobierno colombiano exige desde el pasado domingo a los extranjeros que quieran entrar en las zonas ocupadas por el Ejército una visa especial de cooperante.
La pareja de asturianos informó de que otro español, Carlos Enjuto, y cinco belgas fueron arrestados por los militares en los últimos días en una operación "destinada a quitar del medio a testigos incómodos" para el Gobierno.
Según afirmaron, la mayor parte de las comunidades campesinas del norte están rodeadas por las fuerzas armadas, que impiden el desplazamiento de las personas y la entrada de alimentos con "la excusa de que abastecen a la guerrilla".
También dijeron que en el departamento del Tolima unos siete mil campesinos llevan varios días retenidos en una carretera y sus provisiones fueron quemadas por los militares. Situaciones similares, según ellos, se reproducen en las aldeas.